El sistema de salud que heredamos del presidente Uribe hizo metástasis, no resiste ser reformado, debe ser cambiado radicalmente. El descontento es generalizado y la corrupción no se detiene, tanto en lo nacional como en lo distrital. Entretanto el “mejor” amigo de Gustavo Palacino —director de Saludcoop investigado por defraudación superior a $800.000 millones—, el fiscal general Eduardo Montealegre, no se mueve y la Fiscalía parece hacer el eco de lo que se oye en los pasillos de Saludcoop “tenemos Fiscal”. La Corte Constitucional trata de monitorear la crisis del sistema, pero solo ha sido un testigo de piedra: la salud se acabó, y el país no encuentra responsables. El Congreso parece cada vez más cooptado por los parlamentarios beneficiarios de Palacino, que apurados buscan desesperadamente la devolución de Saludcoop, dispuestos a no solo hacer un debate serio, sino emprender las reformas impostergables que el sistema de salud no solo demanda sino impone.
Se hace necesario crear espacios de concertación y discusión colectivos tanto públicos como privados, para generar el cambio en el modelo de salud. La salud como un derecho y no como un negocio manejado por mercaderes que jamás han aplicado una inyección, tomado la presión arterial o el ritmo respiratorio; banqueros disfrazados de “bata blanca” que obstruyen la creación de condiciones dignas para pacientes y usuarios, y mejores condiciones laborales para personal médico y paramédico.
Corte Constitucional solicita investigación de Contralora y cambio de sede
Desde el 13 de abril de 2011, la Contralora General de la República viene desatendiendo un fallo de la Corte Constitucional que le ha permitido vincular no por concurso —como ordenó ésta— sino a dedo, más de 30 directivos de vigilancia fiscal con ingresos en promedio de $12 millones mensuales. Directivos de bolsillo. A solicitud nuestra, la Corte dispuso que se investigara disciplinariamente a la Contralora por tal omisión; en la Red Ver —Red de Veedurías— estimamos que tal conducta precisa ser investigada penalmente.
Finalmente, tuvimos acceso a los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012, por medio de los cuales la Contralora General suscribe dos contratos de arrendamiento, con Rafael Augusto Salazar López, en un exclusivo y costoso sector de la ciudad, para el traslado temporal de la sede de esta entidad con cánones y costos de traslado que en total superan de más de $80.000 millones por tres años, correspondientes a cánones mensuales de $2.515.982.464 y $187.703.225. Porque además traslada a la Auditoria General de la República, organismo encargado de vigilar a la Contraloría. Señor auditor general, Jaime Ardila Barrera, su silencio es una vergüenza.
La Contralora, hasta donde sabemos, no ha hecho públicos los estudios de conveniencia, necesidad ni oportunidad, los mismos funcionarios de la entidad interrogados los desconocen, y el contrato mismo ni los menciona. Creemos que estamos frente a un detrimento patrimonial peor que el de la Contraloría Distrital respecto de su reparación de sede. Quizás los empleados de la entidad no deberían prestarse para ese juego y optar por no trasladarse hasta que el Gobierno Nacional y el Congreso decidan públicamente y de cara al país la conveniencia o inconveniencia de la medida.
Fiscalía, los Nule y el fin del principio de oportunidad
Solo hicieron falta un par de días después que la Fiscalía tumbara el principio de oportunidad de los Nule, para que una de las procesadas por el cartel de la corrupción demandara al Estado. Y el problema no cesa allí, pues un juez citó en dos semanas a los Nule para declarar contra Moralesrussi, proceso que puede tambalear si ellos deciden no autoincriminarse, y por lo mismo no actuar contra el excontralor de la ciudad. Este es solo el comienzo del fin del principio de oportunidad convertido no en un instrumento de delación, sino en una estrategia de silenciamiento que termina promoviendo un estado de cosas complaciente con la impunidad, particularmente tratándose de delitos de cuello blanco.
El Fiscal General decidió inclinar la balanza a favor de Julio Gómez, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, Iván y Samuel Moreno, quienes dan por descontado que la decisión de la Fiscalía constituye el aporte más importante a su defensa. Igual pensaran los concejales y demás integrantes del cartel de la contratación a nivel nacional y distrital. Solo falta que le publiquen una carta de agradecimiento o le sugieran al Concejo Distrital una condecoración por tan gran servicio a quienes no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel ni pagar un solo peso frente al más descarado desfalco a la ciudad y al país.
