Santoyo: un general de papel y su corte de ascensos indeseables

Mauricio Santoyo, el primer general extraditado hacia Estados Unidos —aceptando cargos por servicios a las autodefensas y a organizaciones criminales de 2001 a 2007—, exjefe de seguridad expresidente Uribe 2002-2006, tiene más pecados de los que he confesado a la justicia norteamericana, entre ellos los relativos a su problemático ascenso aceitado por la sospechosa permisividad de generales y parlamentarios. Además las graves omisiones investigativas de la Fiscalía General, y la propia permisividad del Consejo de Estado, que incluye al Procurador General cuando se desempeñaba como magistrado de esta corporación judicial. En lugar de ser desvinculado de la institución, o al menos suspendido su ascenso hasta tanto no se resolvieran de manera definitiva las investigaciones judiciales, terminó siendo ascendido, condecorado y enviado como agregado militar a Italia. El procurador Maya Villazón demostró cómo antes de su ascenso, siendo director del Gaula de Medellín el oficial Mauricio Santoyo habría interceptado cerca de 1808 conversaciones telefónicas entre los años 1997 al 2001, para lo cual habría falsificado las órdenes judiciales requeridas. ¿Por qué razón Santoyo fue absuelto penalmente a pesar de las plenas y numerosas evidencias para condenarlo y de la prueba plena de numerosas autorizaciones de interceptación? Santoyo, además, jamás le ha probado ni a la justicia ni al país, ni a la junta de generales no haber realizado tales chuzadas. Su defensa ante el Consejo de Estado se ha centrado en asuntos de trámite, arguyendo que se le había vencido el término que tenía la Procuraduría para sancionarlo, lo cual se llama técnicamente la prescripción de la acción disciplinaria. Con la ayuda del hoy Procurador General —siendo consejero de Estado— Santoyo logró que el 7 de abril de 2006 se suspendiera provisionalmente la sanción de destitución por falta gravísima, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos impuestos el 7 de octubre de 2003. A la fecha no se ha dado fin al proceso, por eso esa medida tiene carácter temporal. Esto es, sujeta al fallo final, o mejor aún a la decisión que se adopte mediante sentencia, e incluso en la actualidad pende solicitud de levantamiento de la misma. Pese a tan graves cargos y pruebas en su contra y a la decisión del Procurador General, el entonces coronel Santoyo es llamado a curso de Brigadier General en el 2006 por la Junta de Generales en cabeza del entonces director de la Policía, general Daniel Castro Castro. Un año después la junta asesora de asensos presidida por el general Óscar Naranjo recomienda tal ascenso que lo termina pupitreando el Congreso de la República, incluyendo parlamentarios como la exministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, —quien asegura que la responsabilidad es de la junta de generales—, y Manuel Enríquez Rosero —ponente— entre otros. Aquí tampoco operó la justicia colombiana, por lo que presentamos en días pasados nuevas denuncias sobre tales “nuevos” hechos, sobre los cuales habrá otras revelaciones. El caso de Santoyo no es único, pero si atípico en nuestra tipología criolla, por lo mismo altamente emblemático y ejemplificador. Santoyo, por tanto, revela un doloroso paradigma de impunidad en la fuerza pública, como parte de una arquitectura permisiva de muy alto nivel. Proyecto de ley participativo sobre la salud A más del hondo desconsuelo cívico frente al modelo de salud, se acaba de radicar un proyecto de ley estatutario sobre la materia, producto de un amplio debate entre la academia, usuarios y organizaciones gremiales y sociales, el cual se sumará a dos más que corren por igual. Llama la atención cómo al mismo tiempo se ha radicado otro pero para salvar o rescatar a las EPS, es decir a los verdugos del sistema. No creo que habría que esperar mucho del Congreso ilegítimo. Abc de la emigración hacia Canadá: cuídese de falsos agentes y consultores En Colombia y en otros países operan numerosos intermediarios en emigración hacia Canadá pese a carecer de la acreditación oficial que exige el gobierno canadiense, y frente al cual operar sin tales licencias y autorizaciones constituye un delito, sancionado drásticamente con pena de prisión. Antes de consultar su problema de inmigración verifique que quien le atiende esté afiliado al CSIC —Canadian Society of Inmmigration Consultants—. Si no aparece como tal, o quien le atiende no está formalmente autorizado por quien está autorizado, usted puede informarlo al consulado canadiense o ante esta organización. Solo consultores autorizados o abogados canadienses pueden laborar en inmigración dentro y fuera de Canadá. Durante mi exilio en Canadá me diplomé en inmigración y posteriormente me hice consultor oficial en esta área —el primer abogado suramericano en serlo—, la cual es expedida por el CSIC, tras mi regreso me desvinculé y he venido operando válidamente como representante de consultores oficiales. www.redver.org reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc