¡Se la fumaron verde!

6 de septiembre del 2018

Esta semana, el Ministerio de Defensa publicó el proyecto de decreto con el que el Gobierno pretende decomisar cualquier cantidad de drogas ilícitas y judicializar a quienes porten una cantidad superior a la dosis mínima, con el supuesto fin de “atacar y prevenir” la producción y el consumo de estas sustancias. ¡50 años tropezando con […]

Armando Benedetti

Esta semana, el Ministerio de Defensa publicó el proyecto de decreto con el que el Gobierno pretende decomisar cualquier cantidad de drogas ilícitas y judicializar a quienes porten una cantidad superior a la dosis mínima, con el supuesto fin de “atacar y prevenir” la producción y el consumo de estas sustancias. ¡50 años tropezando con la misma piedra y no hemos aprendido nada!

De acuerdo con el borrador del decreto, se incautará y destruirá toda droga que –incluso– no supere la dosis mínima; se penalizará la dosis de aprovisionamiento (establecida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia); y, además del decomiso y destrucción, se impondrán multas y otras sanciones administrativas para el portador.

Sin duda, esta iniciativa presenta vicios de legalidad y es abiertamente inconstitucional, especialmente por tres razones: la primera, es que va en contravía del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad; la segunda, es que es contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente a lo relativo a la dosis mínima de la Sentencia C-221 de 1994, y; la tercera, es que contradice el literal J del artículo 2º de la Ley 30 de 1986 -norma de mayor jerarquía-, que establece como dosis para uso personal “la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo”. Cabe resaltar que por temas de jerarquía, un decreto no puede modificar ni sustituir la Constitución y la Ley.

Por otro lado, centralizar la lucha contra las drogas en establecer medidas administrativas y judiciales más gravosas para combatir a los distribuidores y consumidores, es ignorar el funcionamiento de estos mercados.

La mayoría de las drogas se caracterizan por generar una mayor o menor adicción, siempre considerada uno de los principales factores de riesgo asociados a su consumo. Esta característica genera una inelasticidad en su demanda, ya que reduce el número de sustitutos del producto en el mercado; dicho de otra forma, independientemente del valor (oneroso o judicial) que tenga una droga, la dependencia que esta genera hace que quien la consume -por recreación o adicción- esté dispuesto a pagar el precio necesario para obtener el producto.

Al Gobierno también se le está olvidando que la Ley 1566 de 2012 reconoció que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, es un asunto de salud pública y, por lo tanto, debe ser tratado como una enfermedad que requiere atención integral del Estado. Entonces, ¿por qué nuevamente el enfoque está en la criminalización y estigmatización del consumidor? Y peor aún, ¿por qué los esfuerzos no se están invirtiendo en garantizar la implementación de una adecuada y efectiva política de prevención del comsumo?

Las cifras en Estados Unidos demuestran que, en promedio, por cada dólar que se invierte en tratamiento por abuso de drogas, el sistema de salud ahorra 4 dólares y 7 dólares más se ahorran al sistema judicial y, mientras el tratamiento de un drogodependiente cuesta alrededor de 1.600 dólares, los costos derivados de un NO tratamiento ascienden a 11.500 dólares por consumidor.

En toda esta discusión no me ha quedado claro si con estas medidas que el Gobierno pretende implementar se busca reducir el consumo o elevar los precios de la droga y generar una mayor inseguridad en las calles. Lo primero se hace con educación y prevención, lo segundo con estigamatización, represión y criminalización. ¿Y los grandes capos?, bien, gracias.

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