Se rompió la cuerda

30 de julio del 2018

Por Miguel Gómez Martínez.

Se rompió la cuerda

La Constitución de 1991, tan alabada por casi todos los juristas, trajo como nefasta consecuencia la politización de la justicia. Los jueces, elegidos con intervención directa o indirecta de los poderes legislativo y ejecutivo, terminaron anteponiendo sus intereses personales a la administración de una justicia transparente. Bajo el santismo, el gobierno doblegó por completo al sector judicial, manipulándolo y tolerando todos los incidentes y sospechas de corrupción.

Con Santos se completó la segunda fase de la crisis de la justicia: la judicialización de la política. Los opositores a Santos fueron y son perseguidos por una justicia parcializada que cumple una función de debilitar a los “enemigos de la paz”. Mientras a los ex – guerrilleros se les dotó de todo tipo de prerrogativas e instituciones para garantizar la impunidad de sus delitos y crímenes, a los miembros de la oposición se les persigue sin piedad, se les niegan sus derechos y se les condena con todo el rigor posible.

En medio de la politización de la justicia y la judicialización de la política, la cúpula judicial ha sido salpicada por escándalos de corrupción. Dos ex – presidentes de la Corte Suprema están investigados por delitos que son indignos de quienes ejercen la dignidad de magistrados. Pero la corrupción golpea todas las cortes, los tribunales y el ejercicio del derecho. Corrupción más politiquería tienen a la justicia contra las cuerdas, sin legitimidad y más cuestionada que nunca.

Una reforma integral de la justicia se abre paso ante la incapacidad del Congreso- también asediado por el poder judicial- de adoptar una nueva estructura de administración de justicia. Quienes están entronizados no están dispuestos a perder sus prerrogativas y privilegios. No se van a dejar reformar porque nunca han sido más poderosos. La idea del equilibrio de los poderes, verdadero principio fundamental de la democracia y la libertad, hace tiempo que lo abandonaron.

Al gobierno del Iván Duque, que recibe este desastroso legado, le corresponde enfrentar la crisis de la justicia sin demora ni debilidad. El nuevo mandatario tiene que entender que la indagatoria del ex – presidente Alvaro Uribe, plagada de dudas, mentiras, manipulaciones y trampas, es un desafío a la democracia pero también a su gobierno. Sin una justicia independiente, limpia, equilibrada y legítima, no habrá nunca una sociedad paz.

La justicia, de tanto halar para su lado, rompió la cuerda.

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