Señores jueces, tienen la palabra

Por: Catalina Villegas del Castillo Abogada con Maestría en Historia y en Planeación Urbana. Consultora y profesora de la Universidad de los Andes. Piedras, Envigado y Santurbán.  Estos municipios colombianos tienen un común denominador: la oposición e indignación de los habitantes frente a la explotación minera y a la tala de árboles para proyectos extractivos o de infraestructura en sus regiones. Es bien sabido también el caso de Santa Marta. Han sido varias las quejas por los daños ambientales derivados del transporte del carbón a las barcazas ubicadas en el mar. A propósito de estas discusiones, el Ministro de Minas y Energía ha señalado en varias oportunidades que el desarrollo económico debe ir de la mano de la protección del medio ambiente. Y el Ministro de Medio Ambiente ha estado relativamente ausente. La movilización ciudadana representada en organizaciones, en grupos ambientales y en académicos ha sido y es fundamental para lograr la protección del medio ambiente, pero sobre todo, para que ese discurso del “desarrollo sostenible” tenga un poco más de sentido y de norte. Incluso, para que nos pensemos en serio lo de “modelos de desarrollo alternativos”.  Esto es fundamental en un país como Colombia donde las entidades del Estado encargadas de diseñar, implementar y hacer seguimiento a la política ambiental, parecen estar medio adormecidas frente a los grandes retos que supone la protección del medio ambiente, en un contexto económico en el que los principales renglones de la economía corresponden a actividades extractivas de recursos naturales, llámese minería e hidrocarburos. En este escenario, se hace fundamental también la actividad de los jueces, no sólo porque son ellos los responsables de garantizar con sus decisiones el derecho colectivo al medio ambiente sano, sino también porque en sus fallos tienen la importantísima labor de identificar responsables y ordenar medidas para que se adopten programas o para que se ejecute presupuesto público destinado a  aminorar los daños ambientales.  Sin embargo, tal y como lo mencionan César Rodríguez y Diana Rodríguez, uno de los efectos indirectos más importantes de la actividad judicial es el de “sacudir” a una institucionalidad débil, que en el caso concreto de los asuntos ambientales, parece estar además de adormecida, poco comprometida. Pero, ¿qué tan efectiva ha sido la labor de los jueces que conocen de los conflictos ambientales cuando llegan a sus despachos acciones de inconstitucionalidad, de tutela, populares o de grupo invocando el derecho al medio ambiente sano?  Salvo pocas excepciones, los jueces colombianos todavía tienen una labor pendiente en la solución de este tipo de problemáticas. No puede negarse la existencia de decisiones judiciales que han sido fundamentales, como por ejemplo la sentencia C-030 de 2008 en la que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley General Forestal. Incluso, en el caso de Envigado al que se hizo referencia, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó como medida cautelar la suspensión de la tala de árboles. Pronto se avecina una decisión que ojalá dé mucho de qué hablar: el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia y después de siete años del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tiene la complejísima labor de decidir el futuro de la Reserva de los Cerros Orientales, que fue delimitada por el Inderena en el año 1976.  Mucho ha pasado en los Cerros y los jueces se enfrentan entonces a la difícil labor de “ponerle orden” a una porción de Bogotá con un potencial enorme para detener el crecimiento urbano desordenado y al mismo tiempo, de constituirse en un espacio público privilegiado en una ciudad que poco a poco se asfixia. La problemática es tan compleja que incluye desde minería legal e ilegal hasta asentamientos informales de todos los estratos, y por supuesto, la existencia de poderosos intereses económicos. La labor del Consejo de Estado no es sólo entonces la de lograr un aparente “desbloqueo institucional” (siguiendo a César Rodríguez y Diana Rodríguez) de la Nación y del Distrito en el tema de los Cerros, sino también de visibilizar la problemática en el debate público, para que no continúe siendo un asunto que pasa sin pena ni gloria, en la opinión pública en general y en los bogotanos en particular. Señores jueces, tienen la palabra.