Si por Bogotá llueve por Pereira no escampa

Tras las manifestaciones alrededor de Trasmilenio y la pérdida o revés de nuevas batallas jurídicas por parte  del alcalde Petro, con las que la sanción del Procurador general  van tomando un mayor  tinte de firmeza al amparo de las decisiones uniformes de las altas cortes. Al tiempo, va creciendo un ambiente de campaña por la alcaldía  a la sombra de lo que fuera el debate por la composición del congreso de la República, y lo que de suyo es la de la presidencia, que a su vez  no es otra que una consulta popular o plebiscito por la paz. New York y Pereira: dos ciudades distintas y  una campaña verdadera El hilo conductor o vaso comunicante entre Nueva York y Pereira es Elsa Gladys Cifuentes, quien es oriunda de Risaralda, y gobernadora de este departamento y de un tiempo para acá  la cónsul de Colombia en dicha  ciudad, la cual fuera  suspendida de su cargo – junto con el cónsul de Colombia en Nueva Jersey -por denuncias de la Red de Veedurías. Según evidencias aportadas tanto a la Procuraduría, como a la cancillería y Fiscalía la citada cónsul habría permitido o facilitado el uso para fines  proselitistas a favor de un candidato en particular de esa dependencia encargada de proteger y velar por plenas  garantías electorales a todos los colombianos  en el exterior. De Trasmilenio a Megabus Los sistemas de transporte  masivo empiezan a colapsar en todo el país, y en muchos lugares aun sin comenzar o habiéndolo hecho desde hace poco tiempo. Administradores  como Trasmilenio en Bogotá, y Megabus  en Pereira  son una muestra con el común denominador del colapso en el servicio y la afrenta continua al usuario. Contrato de $200 mil millones  a dedo En Pereira la empresa administradora del sistema de transporte masivo, Megabus, acaba suscribir un contrato por monto cercano a  los $200 mil millones de pesos,- con el operador Integra-  sin que para tal efecto hubiera convocado ni aún de manera pública o privada a posibles operadores, y menos  sin haber abierto a un deseable proceso licitatorio como si lo hizo cuando inicio dicho sistema hace diez años exactamente, esto es en el 2004. El asunto resulta mas preocupante cuando al operador de la segunda fase del sistema resulta ser el otro, que ya acusaba problemas en la prestación del servicio, desembocando en un fenómeno de rampante monopolio, con la consabida desarmonización de posibilidades de búsqueda de mejores condiciones de calidad y precio frente  a un servicio que en si mismo presentaba graves falencia. Otras lupas: Fiscalía, Procuraduría y Notaria 73, Ana Victoria Bernal,  hija  de Jaime Bernal Cuéllar Recientemente la Procuraduría General no pudo tomar copia de la escritura pública mediante la cual Eduardo Montealegre buscaba renunciar a los poderes que había recibido como abogado después de haber sido electo y a cinco días de su posesión como Fiscal General de la Nación. Dicha escritura  fue firmada en la Notaria de la mencionada hija del penalista y exprocurador General Jaime Bernal Cuellar quien fuera socio de oficina de abogados del Fiscal Montealegre, por muchos pero muchos años. Cuando la Procuraduría fue a tal notaria, el Fiscal General se opuso a la inspección de los libros y logró impedir la realización de la diligencia, por lo que la comisión de aquella  no tuvo obtener el documento público. En días pasados tratando de obtener dicho documento, acudí a la notaria pero me dijeron que no podía  tomar ni videos ni fotos de la escritura, y solo después de una ardua discusión  la oficina jurídica y la notaria Victoria Bernal, accediendo finalmente a dejármela ver en la baranda –sin aun permitirme tomar fotos, ni solicitar copias simples sino formales- para lo cual tuve que entregarles copia de mi credencial como veedor así como de mi cédula  de ciudadanía, firmadas de mi puño y letra. La pregunta que surge es ¿en dónde queda la publicidad de los instrumentos públicos en las notarias cuando las escrituras públicas son tratados como los expedientes ultrareservados de Saludcoop en la Fiscalía General de la Nación? y ¿Por qué el Fiscal General se opone a que la Procuraduría  General investigue el manejo de recursos públicos  - como son los de la salud y muchos otros contratos con recursos del Estado que de paso se cedieron en condiciones que generaron un patente  daño al patrimonio público y la moralidad administrativa- con el inconsistente argumento de no poder ser investigado sino por la Comisión de Absoluciones?