El mundo se enfrenta a un gran desafío este siglo: conseguir un progreso sostenible y equitativo. Los últimos fenómenos climáticos han demostrado que no podemos continuar desligando la sostenibilidad ambiental de los problemas básicos de equidad; es una realidad que la población más afectada por la problemática ambiental (inundaciones, sequias, erosión del suelo, contaminación del agua) es aquella con los menores recursos.
El PNUD en su último Informe sobre Desarrollo Humano, titulado Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos, abarca la importancia de incorporar el riesgo, los impactos ambientales y la desigualdad social en las políticas de desarrollo; de propender por un verdadero desarrollo sostenible, que equilibre los tres aspectos: lo económico, lo ambiental y lo social. Como dicen en el estudio “tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias para los 7.000 millones de habitantes del planeta y para las generaciones futuras.”
De continuar con el modelo actual de desarrollo, el cual no ha internalizado los costos ambientales y que ha ignorado las profundas desigualdades, hay incertidumbre en la supervivencia de la especie humana sobre el planeta. Estas proyecciones ponen ante nosotros uno de los mayores desafíos del siglo XXI, migrar hacia un modelo de Desarrollo Sostenible, un desarrollo que tenga en cuenta la relación entre la sostenibilidad, la justicia social y el acceso a una mejor calidad de vida en condiciones de equidad.
La relación entre la degradación ambiental y la intensificación de la desigualdad es de doble vía. Una muestra de esto es que a medida que los niveles de desarrollo humano aumentan las carencias ambientales en los hogares disminuyen, esto se debe a que la población empieza a contar con agua potable y saneamiento básico y a la disminución de la contaminación atmosférica intradomiciliaria (especialmente por la quema de madera y carbón para cocinar). El aumento del nivel de desarrollo humano, bajo el modelo actual de desarrollo, lleva a mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), muestra de esto es la diferencia en la emisión de GEI per cápita entre los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países no desarrollados.
Los países en vías de desarrollo y los no desarrollados tienen la oportunidad de crecer económicamente sin aumentar desmesuradamente sus emisiones de GEI, disminuyendo sus impactos ambientales y alcanzando un progreso social equitativo. Para lograrlo es necesario contar por un lado con la voluntad política, empresarial y de la comunidad para hacerlo; y por el otro con normas y políticas claras y alcanzables, con visión de futuro y que integren la sostenibilidad medioambiental y la equidad y que promuevan el desarrollo humano.
Las políticas adoptadas por los gobiernos deben abordar de manera integral los aspectos sociales, económicos y ambientales; contar con mecanismos de coordinación y presupuesto; asegurar el fortalecimiento institucional; e incluir el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del proceso de implementación y resultados de las políticas.
El informe comparte una serie de estrategias y medidas con sinergias positivas, que al mismo tiempo que benefician al medioambiente, favorecen la equidad y el desarrollo humano. Las estrategias se centran en tres aspectos claves: Intensificar las acciones para abordar las privaciones ambientales y fortalecer la resiliencia, concentrándose en aspectos claves para la comunidad como son el acceso a la energía, al agua y al saneamiento; evitar la degradación del medioambiente, a través de políticas demográficas, del apoyo a la gestión comunitaria de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y la promoción de la equidad; y abordar el cambio climático, sus riesgos y realidades, a través de respuestas equitativas y adaptativas en casos de desastres naturales y la protección social innovadora.
En resumidas cuentas los países deben incluir en todas sus políticas y estratégicas el componente ambiental y de progreso social, asegurando el empoderamiento tanto del Gobierno como de la sociedad para generar los cambios necesarios y poder así alcanzar un desarrollo humano equitativo y en armonía con el medio ambiente.
