Tarde o temprano

31 de julio del 2012

No es muy claro ni muy seguro que la democracia electoral produzca la verdadera democracia social o económica. Por el contrario, lo que estamos viendo es que el sistema de elegir gobiernos por mayoría de votos representa cada vez menos los intereses de la población y simplemente se ha convertido en parte del sistema de […]

No es muy claro ni muy seguro que la democracia electoral produzca la verdadera democracia social o económica. Por el contrario, lo que estamos viendo es que el sistema de elegir gobiernos por mayoría de votos representa cada vez menos los intereses de la población y simplemente se ha convertido en parte del sistema de mercado, donde se impone quien más poder de compra -más recursos económicos- logra reunir.

Esto por supuesto está más que a la vista en Colombia, pero no es un caso excepcional sino más bien la regla. Las elecciones en Estados Unidos lo demuestran y el fallo de su Corte Suprema en el caso ‘United Citizen’ (que en la práctica vuelve ilimitada la cantidad de recursos que se pueden dedicar a una campaña) lo volvió la nueva regla del juego: hoy a los candidatos interesan más las contribuciones a través de organizaciones paralelas que las coincidencias con otros dirigentes políticos.

Pero parece estar muy lejos el día en que se descarte este sistema y esta visión de la forma de manejo político de una sociedad.

No sucede así con propuestas como la del ‘déspota ilustrado’ que supondría entregar los poderes dictatoriales a un individuo que, además de las capacidades administrativas y académicas para resolver los problemas de un país, tendría el desprendimiento total para hacer de ese manejo la única dedicación y el único propósito de su vida. Esa posible modalidad de gobierno no es pensable hoy ni para orientaciones o modelos de izquierda ni para los de derecha.

Lo que la humanidad ha consolidado adicional al rechazo a las formas autoritarias o despóticas de gobierno es la propuesta de que el derecho de las mayorías a imponer su criterio le permite hacerlo de cualquier manera. O que basta tener el poder parlamentario o electoral para sacar adelante un proyecto de gobierno para que este quede legitimado.

No es del caso dudar que Pinochet, o Fujimori, o los generales argentinos, tuvieron el poder y el respaldo suficiente para adelantar sus gobiernos. Pero también es cierto que terminaron algo más que cuestionados.

Y aunque los cargos judiciales contra ellos son por acciones personales, no cabe duda que es una forma de sancionar las políticas que adelantaron como gobernantes.

Porque, ya no solo hablando de la ‘defensa de la democracia’, si el mundo descartó los modelos de izquierda por ineficientes, con igual o mayor vehemencia ha ido repudiando las propuestas de extrema derecha, tanto en relación a los objetivos en razón de la falta de atención a lo que genéricamente se entiende por ‘justicia social’, como a las vías utilizadas, por el lado del poco respeto en su accionar por los derechos humanos.

Las políticas que justifican los medios por los resultados que producen, o que consideran que el Derecho nace de la capacidad de imposición por la fuerza, tuvieron defensores bajo los regímenes fascistas y nazi pero hoy ningún teórico defiende tales premisas.

Y, lo que es más importante, las diferentes culturas y la humanidad en general tampoco las aceptan. Tarde o temprano sus promotores acaban recibiendo el correspondiente castigo.

El orden que reconoce que una comunidad requiere para prosperar —o para sobrevivir en épocas remotas— que el poder se centralice en torno a los más fuertes fue una etapa que la humanidad ha superado; pasó el tiempo de las cavernas y el liderazgo que hoy se reconoce como deseable es el que defiende a los más débiles y los más necesitados, no el que da mejores condiciones para que los privilegiados (por cualquier razón que sea) se aprovechen de su condición.

Si los mandatarios que han optado por ese camino hoy son descalificados no es por su actuación personal —puesto que son solo representantes y voceros de quienes respaldan esas propuestas— sino por que son el símbolo de las mismas.

En Colombia estamos viviendo una etapa de transición en que se persigue a todos los que de una forma u otra (por convicción o por ‘corrupción’) adhirieron en el pasado inmediato a esa visión de la política, pero sin pronunciarnos sobre el rechazo a la misma. Las cifras de respaldo a Uribe cambian y seguramente cambiarán aun más. Pero esperemos que también tarde o temprano entenderemos que el rechazo a lo sucedido durante esos ocho años depende de un juicio en cabeza de él como símbolo de su gobierno.

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