Terrorismo político

10 de septiembre del 2011

Si bien es cierto que en el estatuto punitivo colombiano el tipo penal terrorismo político  no existe, en la realidad y en la concreción de los actos que he denunciado, este concepto que desangra el erario y anula los derechos de los ciudadanos, se tipifica a través de una ficción jurídica. Conocemos de la existencia […]

Si bien es cierto que en el estatuto punitivo colombiano el tipo penal terrorismo político  no existe, en la realidad y en la concreción de los actos que he denunciado, este concepto que desangra el erario y anula los derechos de los ciudadanos, se tipifica a través de una ficción jurídica. Conocemos de la existencia del terrorismo como delito y sabemos quiénes son por excelencia sus más asiduos ejecutores. Robarle la tranquilidad, el derecho a una vida segura y digna, la posibilidad de desarrollarse como un asociado normal en busca de oportunidades para sí y su familia, son las consecuencias de los actos de grupos terroristas a nivel mundial.

Colombia, tristemente, es uno de los mejores exponentes de este tipo de organizaciones que nos enlutan de manera sistemática y nos ponen como referente de uno de los países con menos garantías, rajados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Pero de este tipo de terrorismo no voy a escribir esta vez. Suena raro para un defensor de los Derechos Humanos como yo, pero es que éstos también encuentran sustento en otras clases de terrorismo local: el que he denominado Terrorismo Político, que sin temor a equivocarme, atenta contra la seguridad pública.

La ley 599 de 2000 (actual Código Penal Colombiano) en su artículo 343 reza:  El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete, o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si analizamos en detalle esta disposición deberíamos, a mi juicio, buscarle su aplicación a los bandidos que están desangrando las finanzas públicas en Bogotá.

¿O no es acaso terrorismo generarle incertidumbre, zozobra y angustia al bogotano que cumple con su obligación impositiva, que quiere una ciudad digna y unos derechos reconocidos, al robarse 1000, 2000 y muchísimos miles de millones más a través de la corrupción administrativa? El trasfondo de esto va mucho más allá del peculado en sus diversas manifestaciones, la celebración indebida de contratos y en general de los delitos contra la administración pública. Y se le suma el concierto para delinquir, que son los trajes que engalanan las vestiduras de nuestra administración actual, cual si fueran pedrería fina montada en una ordinaria terlenka. El tumbe a los dineros públicos da como resultado -y de ahí el terrorismo político– que no se cumplan con los presupuestos constitucionales y legales a favor de la comunidad, pues quien se apropia de manera ilegal de los sagrados recursos estatales, se roba un megahospital, se roba un colegio, se roba el acceso a una movilidad segura y digna, a la construcción del CIID, a más efectivos de la fuerza pública y sobre todo a una Bogotá sin víctimas.

Es claro como esto genera una zozobra y un sentimiento de miedo inmenso en los ciudadanos que viven a la sombra del temor a ser robados, a no poder salir adelante, a no tener dónde dejar sus hijos mientras trabajan, a seguir haciendo fila en los hospitales desde la madrugada y a que mueran en el servicio de urgencias de una IPS del Distrito por la falta de capacidad y atención.

Con estas conductas no solamente vemos llenar los bolsillos de las ratas que hoy carcomen los sueños de los bogotanos, sino el imparable retroceso en una política decente. Actualmente hay más de diez órdenes de captura en contra de Honorables Concejales de Bogotá por el escándalo del carrusel de la contratación, quienes tienen que ser garantes del buen manejo de los dineros del Estado y están en la obligación de ejercer control político a la Alcaldía. Pero, ¿qué podemos esperar con esta administración de lujo que nos gobierna, cuando su cabeza es el vivo reflejo de la plutocracia inmersa en la más putrefacta de las ollas?

¿Será que la autoridad no alcanza a hacer efectivas estas medidas de aprehensión contra estos delincuentes, por la gran carga y congestión de los despachos o por pura complicidad y conveniencia política? Exijo categóricamente que esas medidas se hagan efectivas antes del próximo 30 de octubre; de no ser así, sin tapujos diré que la administración de justicia está tan untada que da sus mejores pasos en este corrupto baile.

Terroristas políticos: las exclusas de la Picota están abiertas para darles una fría bienvenida y estaré ahí como maestro de ceremonias.

@arellanoL17

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