Tierras y territorios, una tensión histórica

Tierras y territorios, una tensión histórica

16 de septiembre del 2016

Recuerdo de mi niñez que los mayores sostenían que Colombia era un país con vocación agrícola; por otro lado, también viene a mi memoria el consejo de don Pepe Sierra: “compren tierra porque esta no crece y cada vez será más escasa y costosa”.  Los hechos le van dando la razón a don Pepe: la tierra en nuestro país es uno de los factores de especulación y renta más llamativos, a menos que tuviera que pagar impuestos prediales acordes con su valorización, como lo sugería acertadamente don  Hernán Echavarría, quien no era precisamente un adalid del marxismo.

La posesión de tierras es parte de nuestro ADN, heredado de los conquistadores españoles. En algunos casos, como en el relato de Héctor Abad (2014) en La Oculta, un amplio sector de la población lleva una finca escondida en su corazón, y esto no tiene nada de malo. Otros, los más ambiciosos, llevan muchas haciendas en sus planes de expansión, y esto puede ser bueno si las hacen productivas, o malo —desde el interés colectivo— si las adquieren para especular y simplemente rentar.

En la península Ibérica, la tierra era un factor de poder importante; la mayoría de los conquistadores y sus subalternos hicieron la travesía trasatlántica en busca de oro o de especias y lo que más consiguieron fue tierras, una de las formas de pago con la que la corona premió su sacrifico y aporte al reino; por ello, parte de los expedicionarios resolvió quedarse en América, como dueños de extensiones que exploraron parcialmente con la mano de obra indígena y luego con el aporte de los esclavos africanos. Conquistadores y colonizadores encontraron extensiones enormes que jamás hubieran soñado en Europa, donde ya la tierra comenzaba a escasear. Algunos se orientaron hacia las grandes haciendas ganaderas y pocos, al estilo de los colonos anglosajones de Norteamérica, organizaron plantaciones (la futura agroindustria) para el cultivo extensivo del algodón, la caña de azúcar y el tabaco. Los demás vivieron del ejercicio público, es decir de la burocracia. Esta tradición de repartir los terrenos baldíos se extendió en el tiempo, y fue el recurso utilizado en nuestras nuevas repúblicas a principios del siglo diecinueve para pagar los servicios de la guerra de independencia y los conflictos internos de orden civil.

Después de dos siglos la acumulación fácil de la tierra, esta sigue siendo un factor importante y seguro de riqueza y ha llevado a una concentración de la propiedad rural alarmante. Caso diferente fue la colonización antioqueña, una forma de expandir la frontera agrícola por colonos que trabajaban sembrando café o cultivos de pancoger de pequeño y mediano tamaño, creando unidades agrícolas familiares, base de la economía nacional y de la lucha contra la pobreza durante casi un siglo.

Actualmente, el debate agrario gira alrededor de la repartición de los baldíos que le restan al Estado, algunos de ellos valiosos, como los de la “altillanura”, o los provenientes de la recuperación de haciendas y fincas compradas o arrebatadas bajo presión armada a campesinos o propietarios tradicionales de pequeña capacidad. El debate en torno a las Zidres, orientadas a la inversión privada, lo mismo que las zonas de reserva campesina, ha suscitado fuertes controversias, debido a la prevención en relación con los temas del campo, a la falta de información y a los sesgos ideológicos de los debates sobre el desarrollo rural.  Siempre, vuelve a jugar la tierra.

Algunos Gobiernos, principalmente liberales (López Pumarejo, Lleras Restrepo, Santos), han tratado de mover la brújula hacia una repartición más justa de los terrenos agrícolas por medio de reformas agrarias que nunca se han podido adelantar y que finalmente han fracasado, demostrándose que la batalla de la tierra casi siempre la ganan los grandes terratenientes. En otros países extensos, como los mismos Estados Unidos, Australia y Argentina, han ocurrido fenómenos similares, con algunas diferencias: los colonizadores compran o se apropian de tierras vírgenes para explorarlas en actividades agrícolas, ganaderas o silvicultura; o como en Taiwan, se han adelantado exitosas reformas agrarias.

Aquí lo que tiene valor es la tierra misma, ya sea para engordarla manteniéndola ociosa, para conformar ganaderías extensivas —que son una manera relativamente fácil de explotarla— o, finalmente, para aprovecharla de acuerdo con su verdadera vocación. Colombia es todavía un país relativamente extenso para el tamaño de su población, pero cada vez la presión sobre el territorio será mayor. Posee 114 millones de hectáreas, de las cuales más de la mitad son bosques naturales, 22 tiene vocación agrícola, 15 tendrían vocación ganadera, 6 se deberían destinar a la conservación y 4 al uso agrosilvopastoril. La realidad es diferente y la ganadería usa 35 millones de hectáreas (20 más de lo recomendado por los expertos), y la agricultura apenas usa más del 4,5 % (siete millones de hectáreas), de las cuales algo más de 5 millones se utilizan en cultivos permanentes y cerca de un millón en transitorios. Esta distorsión en el uso de la tierra crea problemas económicos, ambientales y sociales enormes que el país debe resolver algún día.

La deuda con los campesinos colombianos es enorme, a pesar de que ellos constituyen la tercera parte de la población y de que su aporte a la sociedad es de unos 3 puntos del PIB. El campesinado muestra los mayores índices de pobreza, de analfabetismo y de desnutrición. Un estudio reciente de Luz Amparo Fonseca (2016) para Asocajas nos recuerda que la incidencia de pobreza extrema en el campo era de 19 % en 2013, tres veces mayor de lo que ocurría en las ciudades, y que el salario mínimo promedio de los campesinos solo llega al 75 % del ingreso urbano.

El 4 % de la tierra representada en fincas de menos de 5 hectáreas pertenece al 67 % de propietarios, mientras el 46 % de haciendas de más de 500 hectáreas pertenece al 0,4 % de propietarios; esto se traduce en una concentración fuerte de la propiedad rural, la cual presenta un Gini de 0,86 y Gini de tierras de 0,84. Las anteriores cifras no quieren decir que desde el punto de vista de la producción agropecuaria no sea necesario tener una determinada proporción de grandes extensiones en ganadería y agricultura, pero no en la concentración actual. Tampoco se trata de invitar a la expropiación y redistribución forzosa de la propiedad, lo cual no sería recomendable, pero si a pensar en una política de largo plazo que busque mayor equidad.

En los últimos cincuenta años, a los tradicionales poseedores de la tierra, se sumaron en su propósito de acumulación de fortunas grupos delincuenciales representados por las guerrillas de izquierda o los paramilitares de derecha ultramontana. No contentos con la posesión de grandes extensiones de tierra, estos grupos —diferentes a los terratenientes tradicionales o a veces en connivencia con estos— iniciaron una forma de reforma agraria al revés, apropiándose de miles de predios, a las buenas o a las malas, y constituyendo una verdadera plutocracia rural. Los nuevos terratenientes fueron más allá, dándose a la conquista de territorios, la cual consistía en controlar amplias zonas donde hacían sentir la preponderancia de sus armas a fin de imponer la autoridad política, militar y económica, reemplazando al Estado impotente e insensible, por lo que el país rural sigue girando en torno a posesión de la tierra y, adicionalmente, al control de los territorios.

Mientras en Colombia el Estado se deshace de sus tierras, en muchos países es propietario de grandes extensiones territoriales, llámense parques naturales, como los de Estados Unidos, o conjuntos residenciales como en el Reino Unido. Este tipo de propiedad estatal en realidad pertenece a todos los ciudadanos, así la usufructúen los arrendatarios o los concesionarios por períodos largos de tiempo. Aquí, en cambio, el Estado va despojándose de ese importante factor de producción y de organización social que es la tierra, no para darla a los que la necesitan, o los que la trabajan, o los que tienen la capacidad empresarial de hacerla producir, sino para cederla a los rentistas que siguen el consejo de don Pepe Sierra, aprovechándose de la plusvalía, es decir, de la valorización obtenida mediante las inversiones públicas en caminos, electricidad, banda ancha o en otras formas de infraestructura.

Uno de los puntos de la agencia de La Habana es el de la política agraria, que va más allá de la entrega de tierras y que, como lo ha señalado Juan Camilo Restrepo, no constituye una recomposición radical de la propiedad rural, sino una política de entrega de tierras disponibles, que en el mejor de los casos no llegaría a más de tres millones de hectáreas, de las más de siete millones disponibles. Pero ni eso aceptan algunos sectores, enarbolando la bandera de la propiedad privada absoluta, sin aceptar que la tierra debe cumplir, especialmente entre nosotros, una función social, como lo ha reiterado la misma Iglesia católica. Esa resistencia a cualquier intento de reforma en el agro seguirá siendo un motivo de controversia y de conflicto.

Una posible solución es la actualización del catastro por medio del IGAC o de otros medios, como lo están haciendo algunas ciudades. El predial debería atarse al uso racional que se dé a la tierra, desde la que se emplea adecuadamente en agricultura, hasta la ociosa, que solo juega a la valorización. Urge completar la tarea de inventariar y avaluar justamente las propiedades rurales de acuerdo con su real precio para que los municipios puedan proceder a cobrar impuestos prediales cuyo recaudo facilitará la transformación del campo, como ha sucedido con Bogotá, donde se recaudan más de dos billones de pesos anuales por concepto de impuesto predial. Solo medidas de tal peso causarían una revolución agrícola, ya que muchas tierras se pondrían en venta, o mejor, se tornarían productivas. Lo del ganado es otra historia y requiere una transformación de largo plazo, comenzando con convencimiento a los finqueros y hacendados de ir dejando el pastoreo en grandes extensiones para pasar progresivamente al levante y engorde intensivo o semiintensivo, o a una combinación de silvicultura y ganadería de pastoreo.

Así los citadinos no seamos conscientes de que la paz y la equidad pasan por adelantar cambios significativos en el campo, no podemos ignorar que la suerte del país en los aspectos político, económico y social depende mucho de las transformaciones del sector rural, la llamada media Colombia.

Referencias

Abad, H. (2014). La Oculta. Bogotá: Alfaguara.

Fonseca, L. (2016). El compromiso de las cajas de compensación familiar con el campo y la paz. Bogotá: Asocajas.

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