Un asalto a la Constitución

2 de julio del 2012

Lo ocurrido con el hundimiento de la reforma a la Justicia es un evento sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país. Así mucha gente no lo entienda ahora, a mediano plazo se podrán juzgar, con claridad meridiana y dolor profundo de patria, los estragos que una decisión abiertamente contraria a derecho puede causarle […]

Lo ocurrido con el hundimiento de la reforma a la Justicia es un evento sin precedentes en la historia jurídica de nuestro país. Así mucha gente no lo entienda ahora, a mediano plazo se podrán juzgar, con claridad meridiana y dolor profundo de patria, los estragos que una decisión abiertamente contraria a derecho puede causarle a la institucionalidad y a la democracia. El remedio resultará, sin duda, más terrible que la misma enfermedad. Santos nos demuestra una vez más, con absoluto cinismo, como buen seguidor de Maquiavelo, que el fin justifica los medios.

Se pasaron la Constitución por la faja, así digan lo contrario: ni el Presidente podía objetar el acto legislativo, ni el Congreso tenía por qué aceptar tales reparos: tanto el uno como el otro incurrió en el delito de prevaricato. Santos argumentó, para tomar su arbitraria decisión, que la norma que señala las atribuciones del Presidente no prohíbe expresamente dicha actuación. Y es justo en ese punto donde está el quid del asunto. El principio constitucional universal de Legalidad determina que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que se encuentra expresamente autorizado por la ley y no lo contrario, precisamente para que no desborden sus competencias y abusen del poder.

La reforma es antiética pero no ilegal. Es un despropósito combatir la inmoralidad de la iniciativa a través de vías de hecho, que, lastimosamente, cada día son más frecuentes en Colombia. Un gobernante serio lo que debe hacer es dar ejemplo a la sociedad y a sus subalternos con el acatamiento irrestricto de la ley. Lo legal era promulgar la reforma y promover una contrarreforma con los mecanismos que la misma constitución contempla, aunque sin duda no era lo más práctico. Lo práctico hubiese sido cerrar el Congreso y defenestrar a los pusilánimes padres de la patria, pero la mayoría de las veces lo que suele ser práctico no siempre es legal.

Las democracias civilizadas se caracterizan por la preeminencia del imperio de la ley, independientemente de las posturas políticas o clamores sociales. Las normas legales no son como el hielo, que sabe a lo que le pongan: la ley tiene peso y consistencia propia y no puede ser utilizada como una camisa que se ajusta de acuerdo con las necesidades del gobernante de turno. Cuando un Presidente, un Gobernador, un Alcalde, el senador Merlano o cualquier otro empleado público decida hacer lo que le viene en gana, cuando pase por encima de los códigos y del Estado de Derecho, que nadie diga nada entonces.

Santos es un mandatario mediático y oportunista que se mueve y acomoda al son de los acontecimientos. Afortunadamente, esta vez quedó al descubierto su ladino proceder. El país entero sabe que el gran auspiciador de la reforma fue el mismo Presidente. Santos tiró por la borda las pocas cosas buenas que había hecho, su reelección esta herida de muerte y sus múltiples facetas y máscaras al descubierto. Por lo menos algo bueno dejó todo este estropicio.

Es una vergüenza que un hombre de la formación académica del Fiscal General se haya prestado para semejante circo y que Vargas Lleras, otro de los artífices del entuerto, se esconda en la impunidad de su silencio. No digo nada del Ministro del Interior porque es tan anodino que ni siquiera su nombre recuerdo. Los magistrados de las altas cortes, después de que negociaron sus periodos, se hicieron los ofendidos. La actuación del Congreso no es menos despreciable: además de cobardes, los congresistas incurren en la mayor imbecilidad de todas, que no es otra que volver a creer en Santos, cuando este, en un lamentable discurso televisado, aseguró que el respondería por los congresistas para incentivarlos a hundir la reforma. Santos no sabe de Derecho y mucho menos de lealtades.

Lo mejor es lo que sucede: nos dimos cuenta de que tenemos un Gobierno y un Congreso a los que hay que cambiar urgentemente, pues son, sin duda, inferiores a su responsabilidad. Aprovechemos la coyuntura para convocar a una constituyente y hacer un Acuerdo sobre lo fundamental, que incluya la revocatoria del Presidente y el Congreso y la restructuración de nuestros sistemas de justicia, salud y educación. Allí está la clave para salir del foso profundo al que nos lanzaron los políticos.

abdelaespriella@lawyersenterprise.com

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