Un chiste llamado Consejo Nacional Electoral

En teoría, el Consejo Nacional Electoral es independiente y representa la autoridad última en materia de controversias en las decisiones sobre avales, elecciones y candidatos. En la práctica es una pantomima. Por su origen, los 9 magistrados representan a los partidos y actúan en consecuencia, sin disimulo ni tapujos, haciendo que los fallos beneficien a los interesados, no a la transparencia y la democracia. En el momento son dos liberales, dos conservadores, dos del partido de la U, uno de Cambio Radical, uno del Centro Democrático (el uribismo) y el último en representación de la Alianza Verde y otros partidos minoritarios. Todos ganan $25 millones mensuales y son elegidos por cuatro años. Disponen de buenas oficinas, asistentes, asesores, carros, conductores, secretarias, etc. etc. Antes podían hacerse reelegir. El sistema electoral está integrado por la Registraduría, muy eficiente. Y el CNE, uno de los más atrasados del continente. Por fuera de Colombia predomina el modelo de autoridades neutrales, que no tienen origen partidista, lo que permite la independencia. Algo así como funciona la junta directiva del Banco de la República, que no obedece lineamientos del gobierno y los partidos, aunque tampoco los asume como enemigos. Pero nuestro Consejo Electoral, encargado del control disciplinario y sancionador, es un chiste, tan inservible como la Comisión de Absoluciones del Congreso, innecesario, un despilfarro, una floritura absurda de la caricaturesca democracia colombiana. El magistrado Armando Novoa (el vocero de las minorías) admite que las decisiones que hoy se toman tienen el sello de la lealtad a los partidos, por encima de consideraciones técnicas, jurídicas y constitucionales (y pienso que por eso siempre son derrotadas sus ponencias). No hay legitimidad, es un adulterio entre gobierno, consejo electoral, partidos y políticos, una orgía de conveniencias. Novoa comparte que sin una autoridad electoral fuerte van a seguir ocurriendo todas las controversias sobre la manera como los partidos entregan avales,  justifican inscripción de candidatos non santos, y toda la mancha de dudas que  sacude al país. Hoy se decide con cálculos electorales o partidistas. Que si se afectan unos resultados o molestan a un partido o incomodan a un personaje poderoso. Fallar o no tiene que ver con intereses y no con la ley. Después del 25 de julio, fecha límite para las inscripciones, vienen las solicitudes de revocatoria o quejas diversas sobre las inhabilidades de los candidatos. Que nadie se ponga a argumentar nada porque la respuesta no es legal sino “mayoritaria” y ajustada a las necesidades. Si señores. El Consejo Nacional Electoral está atrapado por intereses partidistas y carece de autonomía y respeto. @artunduaga_