Un Salto Institucional

14 de febrero del 2016

Es la oportunidad para revisar la política de seguridad de la ciudad acechada por históricos y nuevos riesgos y desafíos.

Es un consenso. Todas las fuerzas políticas de Bogotá coinciden en la creación de la Secretaría de Seguridad. El nuevo Alcalde Enrique Peñalosa, al igual que en su momento lo hiciera Gustavo Petro, acaba de presentar a consideración del Concejo el Proyecto de Acuerdo para su creación. Por fortuna, contrario a Petro, la actual administración no tendrá unas mayorías en oposición obtusa que hundan la iniciativa. La coalición mayoritaria existente en el Cabildo asegura su aprobación.

Es un salto institucional necesario e inevitable. De la primera oficina de seguridad y convivencia asesora del entonces Alcalde Antanas Mockus en 1993 y dirigida por el fallecido profesor Álvaro Camacho Guizado, pasamos posteriormente a la constitución del Fondo de Seguridad y Convivencia y la Subsecretaria de Seguridad, adscritas ambas a la Secretaría de Gobierno. Esta decisión política de los Alcaldes se vio favorecida por la Constitución de 1991 que  entregó a los gobernantes locales la responsabilidad de la seguridad ciudadana, convirtiéndolos además en la primera autoridad de policía en los entes territoriales. En estas dos décadas avanzamos en estructurar una política pública de seguridad que ha tenido continuidad en los últimos gobiernos, en la asignación e incremento de un presupuesto de inversión que hoy llega a cerca de un billón de pesos cada cuatrienio, en la creación de unidades de análisis e indicadores de seguimiento y en su mejora progresiva. En homicidios, por ejemplo, pasamos de 75 por cada 100 mil habitantes en 1993 a 17 en 2015. Desafortunadamente esta institucionalidad no ha escapado a fenómenos de corrupción, burocratismo, clientelización e ineficiencias y se ha revelado como insuficiente para enfrentar las nuevas demandas de seguridad ciudadana, las recientes transformaciones de la criminalidad de la ciudad o los futuros cambios en el rol de la fuerza pública en contextos urbanos del postconflicto.

El Proyecto de Peñalosa reúne varios aciertos. De entrada eleva las tareas de seguridad al primer nivel de la gestión pública de la ciudad. El nuevo Secretario de Seguridad se entenderá, sin ninguna intermediación, con el Alcalde y el Comandante de la Policía Metropolitana y como tal estará sometido permanentemente al escrutinio y el control público. Articula en una sola institucionalidad las labores de seguridad y convivencia con las de justicia, hasta ahora divorciadas y dispersas. Elimina el Fondo de Seguridad como establecimiento autónomo y lo convierte en una cuenta bajo la dirección de la Secretaría superando la dispersión hasta ahora existente entre política pública y prioridades de inversión. Y en sus funciones, le concede una razonable importancia a las labores de inteligencia y contrainteligencia tan útil para enfrentar y desmantelar los mercados criminales que alteran hoy la seguridad de la Capital.

Pero en el listado de funciones de la futura Secretaría llama la atención su énfasis demasiado policial. Y es notoria la ausencia de una mirada integral de la seguridad que incorpore variables ambientales tan pertinentes en estos tiempos de amenazas a la vida y la seguridad por cuenta del cambio climático y el calentamiento global. Tanto los incendios forestales, como las inundaciones y los deslizamientos, nos advierten de la necesidad de articular la prevención y atención de emergencias y desastres a las políticas públicas de seguridad urbana. Ello supondría que el Cuerpo  de Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos IDIGER deberían estar adscritos a la nueva Secretaría de Seguridad.

No se trata solamente de crear un ente burocrático. Es una oportunidad para revisar la política de seguridad de la ciudad acechada por históricos y nuevos riesgos y desafíos. No hay que dar paso atrás en el manejo, control y gestión civil de toda la política. Y hay que revisar y ajustar el Plan Integral de Convivencia y Seguridad 2013/2023 expedido en la administración Petro. Si damos este salto institucional recordando al precursor de esta política pública de seguridad urbana en el país y en Bogotá, el profesor Camacho Guizado, quien definía la seguridad como “la libertad de ejercer derechos y deberes sin ser ni sentirse amenazados por acciones de los hombres o de la naturaleza”, habremos empezado bien la tarea.

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