Una mezcla explosiva

7 de febrero del 2011

Mucha risa me ha causado el original anuncio de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Olga Lucía Velásquez, que prometió instalar “salas de catarsis”  para contrarrestar los graves hechos de violencia que comprometen seriamente al gremio de taxistas de la ciudad. Parecería otro chiste, si no fuera porque estamos hablando de la seguridad de siete millones de colombianos, la manera como ha minimizado la galopante criminalidad que se toma progresivamente la cotidianidad de la capital.

Para ser justos, el deterioro grave de la seguridad urbana no es exclusiva de Bogotá. Se necesita ser un uribista necio, obtuso y ultrasectario para desconocer que en ello concurren dos factores: un déficit de política urbana en la estrategia de Seguridad Democrática y un reciclaje degradado de las organizaciones  paramilitares erráticamente desmovilizadas en la era Uribe. Allí están los indicadores de tasas de homicidios, que según Medicina Legal para el 2010,  en Medellín llegó a 86 homicidios por cada 100 mil habitantes, en Cali a 83 y en Barranquilla a 32, para constatar una realidad que el propio gobierno Santos ha asumido como prioridad en su agenda pública.

No parece arriesgado afirmar que estamos en presencia de una mutación de la inseguridad de nuestras ciudades. Hay serios indicios de una conexión de los típicos delitos urbanos con la consolidación de estructuras criminales complejas y la ampliación del mercado interno del narcotráfico denominado “narcomenudeo”. Esta realidad, soslayada una y otra vez por las autoridades, con características singulares hace presencia también en una ciudad que como Bogotá hasta hace poco exhibía con orgullo los logros de una política de seguridad y convivencia construida en los últimos 20 años.

Reconozcamos que las “bandas emergentes” con presencia en Bogotá parecieran no tener una vocación de arraigo territorial. Que más bien les conviene el anonimato para desplegar mas cómodamente estrategias de apropiación de rentas legales e ilegales. Que además de nuevos reclutamientos advertidos por distintas fuentes, se han reciclado estructuras que como las del Bloque Capital se rearmaron bajo el mando del extinto alias “Cuchillo” y el “Loco Barrera” o las Autodefensas Campesinas del Casanare al mando de “Martín Llanos” que no hicieron parte de proceso de desmovilización alguna. La presencia de estas bandas en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy fue documentada por la Defensoría del Pueblo en sus informes de riesgo No 21 de 2008 y No 10 de 2009.

Y son esas mismas localidades en donde se ha incrementado el número de homicidios entre el 2009 y el 2010 en promedio en un 40 por ciento. Y es revelador que en el 2010  el 59 por ciento de los homicidios fueran cometidos con arma de fuego. Si a ello superponemos que desde el 2008 el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes creció en un 50 por ciento y que, según la policía los 361 lugares de distribución permanente de drogas se encuentran ubicadas allí en una alta proporción, la mezcla se revela tan peligrosa como explosiva. Y ello no se enfrenta eficazmente con ejercicios catárticos.

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