Una reforma a la medida

25 de junio del 2012

Tremendo escándalo se ha suscitado por la aprobación de la reforma a la Justicia. Los medios de comunicación y la sociedad en general han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una afrenta a la democracia. Hacía ya muchos años que una iniciativa del Congreso de la República no generaba tanto repudio […]

Tremendo escándalo se ha suscitado por la aprobación de la reforma a la Justicia. Los medios de comunicación y la sociedad en general han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una afrenta a la democracia. Hacía ya muchos años que una iniciativa del Congreso de la República no generaba tanto repudio e indignación. La mala imagen del Congreso explica, en parte, la prevención de la ciudadanía frente a cualquier realización del órgano legislativo; tampoco es que ayuden mucho las actitudes incoherentes de “ilustres” padres de la patria como el tristemente célebre senador Merlano o el representante Simón Gaviria, quien admitió no haber leído el texto de la conciliación a pesar de haberlo firmado.

El verdadero problema de la reforma no es lo que en ella quedó contemplado, sino más bien los temas que se omitieron. En Colombia no hay garantías de acceso real a la justicia: el ciudadano de a pie no sabe cuáles son los derechos que le asisten y mucho menos entiende cómo hacerlos reconocer. Nuestro sistema judicial es una verdadera vorágine que, además de ser paquidérmico, padece una congestión de dimensiones bíblicas. La enmienda constitucional debió centrarse en estos puntos, porque una justicia distante y tardía, es una injusticia segura.

La reforma a la Justicia solo beneficia a los Congresistas, a los Magistrados de las altas cortes y, por supuesto, al Gobierno Nacional, que, por hacerse el de la vista gorda, vio aprobar sin mayores traumatismos distintos proyectos de ley de su interés. Aunque Santos salga ahora a rasgarse las vestiduras, es sabido que permitió por conveniencia que las cosas llegaran a este estado y por ello le cabe un juicio de responsabilidad en todo este entuerto. En el entretanto ya quemó al ministro Esguerra.

En la reforma a la justicia se antepusieron los intereses particulares y subalternos, a las necesidades reales de la Nación. No hay nada que identifique más a una democracia que la independencia y el buen desempeño de su rama judicial. Colombia ha retrocedido cualitativa y cuantitativamente en ese aspecto, y eso es ciertamente grave, porque un país sin justicia verdadera jamás podrá alcanzar la paz.

Hay que decir también que la reforma tiene algunas cosas buenas y que los congresistas, como representantes del pueblo, tienen el derecho constitucional y legal de tramitar las reformas a la Carta Política como a bien lo tengan, independientemente de si esas posturas son del agrado de la galería. Eso hace parte del juego democrático y así se debe entender. Por supuesto, es vergonzoso que pensaran solo en su bienestar y no en el de millones de colombianos que hace rato dejaron de creer en las instituciones.

Tiene más reversa un avión: la reforma va porque va. La norma es muy clara: el Presidente no puede objetar un acto legislativo; hacerlo raya en el delito. Asesórese bien, doctor Santos. Flaco favor le hace a la democracia que el primer mandatario pretenda subvertir el orden legal, más aún cuando fue coautor de la decisión que ahora critica.

La Corte Constitucional, por su parte, solo puede revisar la reforma por vicios de forma que no de fondo. No podemos pretender que se acate la ley cuando nos apetece. De nada sirve criticar al Congreso por hacer una reforma a su medida cuando al tiempo se busca desconocer la ley para tumbar una reforma que si bien resulta desagradable está ajustada al procediendo establecido, nos guste o no.

Al final, la culpa es nuestra por no haber sabido dar el voto por candidatos idóneos, que en verdad fueran capaces de desempeñar, sin mezquindad alguna, los cargos para los cuales fueron elegidos. ¡Quién nos manda a votar así! “Con nuestro pan nos lo comamos”, como habría dicho el gran Quevedo.

La ñapa: La vida en Colombia solo vale lo que cuesta un celular. ¡Qué horror!

abdelaespriella@lawyersenterprise.com

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