Valorización por desvalorización

En el 2005 el Concejo de Bogotá creó la mal llamada contribución-valorización por beneficio local, tratando de recaudar de los ciudadanos más de dos billones de pesos para realizar las obras que la ciudad necesitaba para el bienestar de sus habitantes. Lo paradójico es que este gravamen terminó sacrificando a los contribuyentes que pretendía redimir, al tiempo que mostró cómo tales recursos se convirtieron un festín del cartel de la contratación en uno de los festivales más grandes de corrupción y de desgreño que el país tenga noticia, y cuya íntima relación ni siquiera se menciona. Sin embargo, el IDU: calcula, liquida y cobra la valorización sin que para nada se tenga en cuenta la descomunal captura de la contribución por el cartel de la contratación a todo nivel, y el inocultable impacto de la misma en las arcas de la ciudad. En la presente semana dos directores de esta entidad: Liliana Pardo y Eduardo Montenegro, fueron sancionados (aunque de manera extremadamente tardía) por irregularidades relacionadas con el cartel de la contratación derivada de recaudos de dicha valorización. Pocas veces el país, y no solo la capital de la República, había visto por cuenta de la improbidad en el manejo de contribuciones e impuestos al Alcalde mayor de Bogotá (Samuel Moreno), un senador (su hermano Ivan Moreno), el contralor distrital (Moralesrussi en la cárcel), un personero  (Rojas Birry) y cerca de 15 concejales de todos los pelambres políticos judicializados por el mismo escándalo de corrupción, hoy bajo la titubeante y empañada lupa de la Fiscalía,  que desde la misma elección del Fiscal General amenaza con vincularlos formalmente. Las modificaciones al acuerdo 180 que creó la valorización fueron sancionadas mediante el acuerdo 398 del 26 de agosto 2009 por el alcalde preso, Samuel Moreno.  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37177#2-Los conceptos sobre los obligados al pago de la valorización fueron rendidos por el hoy condenado por el cartel de la contratación Inocencio Meléndez, como Subdirector General del IDYhttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38683#0- . Curiosamente la directora que participó en el informe sobre el cartel de la contratación ahora se hace la de la vista gorda, sabiendo de antemano que le está cobrando a la ciudadanía tales fechorías. Como resultado, obras inconclusas de baja calidad, otras no realizadas o modificadas, y en últimas tanto un concejo que podría revisar el acuerdo vigente. Un IDU que debió actuar preventivamente para evitar el perjuicio público, y un burgomaestre impávido que han pasado de agache a este respecto, muestran como resultante una ciudadanía esquilmada cuya dirigencia capitalina no atiende, ni adopta las medidas para suspender este insano pago hasta tanto hace el inventario de daño y perjuicios, de reclamaciones y reconsideraciones, y se adopta una marco más justo de pago sobre obra ejecuta si es que se pretende transitar en este ambiguo trasegar fiscal urbano, sin norte conocido. A la contribución por valorización, aunque se pague en distintas fases, y hasta tanto no se cumpla la primera fase, no se  le puede exigir el pago de la segunda. No se han cumplido siquiera con los estudios previos de capacidad de pago, entrega oportuna de obras, calidad de las mismas, ni tampoco se ha estimado el perjuicio directo causado por la administración distrital a los contribuyentes con sus omisiones y prácticas de corrupción, afectando la movilidad, productividad, calidad de vida, medio ambiente, y goce efectivo de la ciudad, que deberían ser deducidos del recibo de pago de valorización por beneficio local, la cual ha terminado ser, a más de una perdida de la cultura tributaria, una inigualable desvalorización por perjuicio general. Misceláneos: De Jaime Cervantes a Miguel de Cervantes: Otro parlamentario estrella, sin mandato y preso por parapolítica Jaime Cervantes: el representante, y exdocente, que sigue devengando sueldos, prestaciones, viáticos, percibiendo tiquetes aéreos, designando asesores, y votando la reforma tributaria, incluso después de decretarse la muerte política decretada hace más de cuatro meses ( el 16 de octubre pasado el Consejo de Estado después de casi dos años de proceso), nos dio la razón como parte demandante y decidió declarar la muerte política del parlamentario de Soledad, Atlántico, tras haber incurrido en nítido conflicto de intereses de disponer recursos del presupuesto nacional que terminaron siendo manejados, entre otros, por parientes, excompañeras permanentes, hijos varios, miembros y ex miembros de su unidad asesora del Congreso a favor de su proyecto electoral, donde en ese municipio obtuvo casi la totalidad de los votos con los que resultó electo, que según la revista Semana se exigían diez votos por un cupo escolar público pago con recursos del Estado. Irregularmente se presentaron recursos y solicitudes de nulidad, todas denegadas hasta ahora, pero con las cuales, gracias a la lentitud del Consejo de Estado, han permitido permanecer como congresista a Cervantes. La semana anterior fui una vez más increpado y hostigado agresivamente por la defensa del parlamentario en las instalaciones de la Corte Suprema, de donde le invité a que lo dijera al país, y a falta de esto le respondí con energía las maniobras dilatorias para atornillarse al escaño parlamentario mal habido. @pablobustossanc