Víctimas de la ley (II)

21 de septiembre del 2012

Si la memoria no me falla, a comienzos de este año escribí una columna con el mismo nombre de esta. En ella comencé explicando que al parecer el título estaba mal escrito, pero que, por el contrario, es así en atención a una norma que ha desatado desgracia y revictimización: la Ley de Víctimas. Hoy […]

Si la memoria no me falla, a comienzos de este año escribí una columna con el mismo nombre de esta. En ella comencé explicando que al parecer el título estaba mal escrito, pero que, por el contrario, es así en atención a una norma que ha desatado desgracia y revictimización: la Ley de Víctimas.

Hoy estoy más convencido de que ese escrito y mis apreciaciones —sobre las políticas de reparación promovidas por este Estado en manos de las Farc—  están ajustados a la realidad.

El 11 de septiembre pasado fui invitado como panelista al Primer Foro Regional sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se realizó en las instalaciones de Fedegasan, en la subasta ganadera de Bucaramanga. Es importante señalar que este encuentro tuvo lugar porque comenzaron a verse situaciones irregulares en los albores de los procesos de restitución de tierras en el sur del Cesar, específicamente en San Alberto. Esto llevó a que la dirección ejecutiva de Fedegasan se enfrentara a la imperiosa necesidad de sentar a los actores de estas escenas en un mismo lugar, en aras de aclarar muchas dudas, y sobre todo, manifestar que la propiedad privada de la tierra es sagrada y se respeta.

Como lo hago de manera recurrente —y esta vez no será la excepción— para ser claro e ilustrativo, debo hacer uso e interpretación de los textos normativos que van en detrimento de los intereses de las verdaderas víctimas y que están favoreciendo a los bandidos. El acápite relativo a la restitución de tierras establece que quienes se consideren víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011 y se sientan desplazados u obligados al abandono de sus predios por grupos armados ilegales, pueden reclamar sus tierras. Eso al rompe no tiene nada de raro y evidentemente veo con buenos ojos que así sea. Pero el problema es el siguiente. Como la ley está desbalanceada y presenta un sensible desequilibrio tendiente a las víctimas, de esta disparidad se valen los bandidos, que otrora habían sido despojadores y tenían controladas sus regiones, para reclamar bienes de legítimos propietarios, poseedores u ocupantes que han desarrollado sus proyectos agrícolas y derivan su sustento y el de sus familias de actividades legales agropecuarias, que generan empleo, prosperidad y desarrollo. Resulta que estos agricultores, palmicultores y ganaderos están siendo notificados de manera irregular y como los tiempos en estos procesos son tan cortos para facilitar el acceso a la tierra a los reclamantes de manera expedita, no han podido ejercer una defensa y se les ha conculcado el debido proceso.

Pues bien, con este antecedente necesariamente el foro debía tener en su mesa principal a Ricardo Sabogal Urrego —director general de la Unidad de Tierras—, Mónica Rueda Rincón —directora territorial del Magdalena Medio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras—, María Fernanda Cabal Molina —presidenta de Fundagán— y el escritor. La convocatoria, magnífica, con cerca de 400 personas el día del partido Colombia vs Chile a 35 grados de temperatura, donde con la pasión por la clasificación al mundial y una cerveza helada, muchos hubieran preferido centrar su atención en el campo de juego y no en el campo del agro. Contamos con la compañía de la Alcaldesa y la Personera de San Alberto, personeros de municipios aledaños y autoridades administrativas y de policía. El objetivo se cumplió y este foro que duró algo más de cuatro horas con espacio para las preguntas de las víctimas, fue un éxito.

En la jurisdicción de Barrancabermeja en materia de restitución de tierras las alarmas están encendidas, pues ya se dio el caso de un predio que es reclamado con documentos irregulares. Porque la leyezuela no fue blindada contra avivatos y bandidos que aprovechan ese papayazo para recuperar el control territorial y poder seguir teniendo el dominio de los corredores estratégicos de estupefacientes y armas en zonas estratégicas para poder mantener su criminalidad. Y aunque el gobierno no se cansa de decir que la ley solo operará en favor de quien pueda demostrar que fue sujeto de usurpaciones ilegítimas, las garantías que tienen los pequeños y medianos empresarios del agro en Colombia son mínimas y ahora resulta que por obra y gracia de aquellos facinerosos que se hacen pasar por víctimas, ciertas veces con el concurso de funcionarios. ¡Qué grave! Qué grave esto.

Pocas horas pasaron después del foro, cuando un predio ubicado en la región señalada fue invadido por más de 300 personas, agitadas por fuerzas oscuras y armadas con fusiles y granadas, poniendo en riesgo la vida de niños y ancianos que hacían parte de la propia invasión. Entre la noche del miércoles 12 y la madrugada del jueves 13 de septiembre, los usurpadores ingresaron a la finca El Recuerdo ubicada junto al casco urbano de San Alberto, Cesar. Este acto delictivo fue puesto en conocimiento de las autoridades municipales, quienes procedieron a ordenar el desalojo el día siguiente. La orden se ejecutó el viernes 14 y la operación estuvo a cargo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía del Cesar.

Al verse desalojados, los invasores procedieron a realizar actos de violencia y vandalismo, atacaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la casa de la alcaldesa, la casa de la presidenta del Concejo municipal y algunos locales comerciales usando piedras, quemando llantas e incluso arrojando bombas incendiarias. Fue tan grave el asunto y de tal magnitud la violencia que la policía de San Alberto se vio obligada a acuartelarse, mientras que el Esmad procedió a dispersar a los pillos. Pero es bien sabido que este tipo de hampones apoyados en la subversión no se rinden fácil y volvieron a invadir. A corte de hoy hay más de mil personas invadiendo el predio, la gran mayoría originaria de municipios diferentes a San Alberto.

Una de las pocas herramientas jurídicas que estaban verdaderamente a favor de las víctimas en la ley 1448 de 2011 era el artículo 207. Digo “era” porque la Corte Inconstitucional que también legisla y en contra del Estado de Derecho, lo declaró inexequible el viernes pasado. Esta norma era una garantía que, en resumen, concebía que quien por las vías de hecho invadiera un predio, no podría con posterioridad solicitar su adjudicación en desarrollo de aquella Colcha de Retazos.

¿Víctimas o victimarios? Todo les quedó inmejorable: esa normita, el marco jurídico y la campaña de Timochenko al poder. #nomasmentiras. Abrazo cálido. Seguimos trabajando.

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