Warren Buffet, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, descubrió que su secretaria pagaba más impuestos que él. Esa afirmación, que aplica también para nuestro sistema tributario, refleja lo que sucede en la polémica alrededor de la propuesta de Gustavo Petro sobre la reforma pensional. La propuesta tiene por objeto equilibrar las cargas y universalizar la pensión en un sistema desigual que hoy cubre a apenas al 30% de los adultos mayores.
Cuando Petro recalcó que los fondos que administran los fondos privados de pensiones son públicos, estaba hablando de la parafiscalidad, el instrumento de la Hacienda Pública francesa que dio origen a la utilización de la soberanía fiscal para financiar la seguridad social con cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores. Esta figura está explicada, para quienes no la conocen, en la sentencia C-040 de 1993 de la Corte Constitucional.
La referencia a un instrumento constitucional para la intervención del Estado en la economía en ningún momento puede confundirse con la expropiación, a menos que se haga con la falta de rigor técnico que reclaman quienes buscan asociar a Petro con esa figura, en muchos casos de mala fe, en el debate de las pensiones y también de tierras. Asofondos, la entidad gremial de los fondos privados administradores de pensiones con razón pide rigor en el debate, pero también está llamada a ejercerlo.
La propuesta de pilares de Petro es sencilla y ha sido propuesta desde hace años por el Banco Mundial. Se trata de garantizar la pensión de los asalariados mediante dos tramos de cotizaciones, con régimen diferente. El primer pilar abarca la cotización de los primeros cuatro salarios mínimos de todos los asalariados y garantiza la pensión mediante el régimen de prima media que maneja Colpensiones. Las mensualidades de esas pensiones son del doble de las que ofrece el régimen privado. Quienes devengan más de cuatro salarios mínimos mensuales pueden cotizar sobre el resto de su salario en la misma Colpensiones o en los fondos de ahorro privado, si así lo deciden.
La parte central de la propuesta de Petro plantea un estipendio mensual de 500 mil pesos para quienes no pueden hoy pensionarse, el grueso de ellos no cotizantes a la seguridad social por física insuficiencia de ingresos y los que, aun cotizando, no alcanzan a reunir las semanas, edad o capital necesario. Ese ingreso básico del adulto mayor se financiará con el ahorro de los recursos que hoy gira el presupuesto nacional a Colpensiones y que se suplirá con las cotizaciones mensuales del primer pilar descrito, el correspondiente a los primeros cuatro salarios mínimos mensuales.
Los expertos también saben que se trata del flujo de las cotizaciones y no del monto de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones privados los cuales no se tocan, ni se tocarán en el futuro. Esta diferencia no se les escapa, pero les sirve para alarmar y desinformar al público poco familiarizado con las finanzas. La alternativa de garantía de un ingreso básico de 500 mil pesos mensuales -antes de comisiones- para toda persona sin pensión, lejos de ser una expropiación es una sana política social de garantía de dignidad en la vejez.
