Con el propósito de posibilitar que los profesionales de la abogacía se integren en forma efectiva en una organización que represente sus intereses y puedan cumplir algunas funciones y actividades muy específicas a través de su propia organización, se busca establecer lineamientos para la definición de la estructura interna y el funcionamiento democrático de la Colegiatura de Abogados en Colombia y, sean los abogados quienes le den vida, de manera que no sea el Congreso el que sobrepase sus competencias obligándolos a su creación.
Esta iniciativa que se presenta a consideración del Congreso de la República, en compañía de 10 congresistas, ha sido concebida sobre la idea fundamental de superar las dificultades de tipo constitucional que han tenido los proyectos de ley anteriormente radicados en cuanto se han censurado por no garantizar el principio constitucional del libre derecho de asociación, por cuanto no resulta constitucionalmente correcto, que por medio de una ley se dispusiera la creación de la colegiatura de abogado, en el entendido que los colegios de profesionales “son corporaciones de ámbito sectorial cuyo sustrato es de naturaleza privada”[1], su creación, se insiste por la Corte Constitucional, atañe a los particulares, en este caso a los abogados de nuestro país.
Sin duda, reunir en una Colegiatura Nacional a todos los abogados activos de Colombia, a todos los colegios que se han organizado teniendo en cuenta las distintas ramas del derecho, deberá propiciar un ejercicio riguroso de la profesión que descanse sobre fundamentos principalistas de libertad e independencia, pero por sobre todo que evite generar riesgo social, además de consolidar el Estado de Derecho y ofrecer a los ciudadanos como usuarios de la Justicia, abogados valorados socialmente, dignificados, permanentemente actualizados, controlados disciplinariamente y respaldados en su ejercicio profesional por la independencia de su Colegiatura.
Es importante destacar, que, según información suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura, con fecha de corte, 20 de enero del 2021, en Colombia 334.508 abogados, se encuentran activos. Y, además, es una población profesional que va en aumento. Según la misma institución, durante los últimos cinco años se tiene un promedio anual de 17.316 tarjetas expedidas, lo que quiere decir que para 2025 serían aproximadamente 421.088 abogados, si se continúa con dicho promedio anual.
Es por ello que hemos buscado mediante este proyecto de ley, proponer un escenario real, para que sean los propios abogados los que, en principio, incidan también de manera coordinada con las Universidades, en la formación de los abogados, orienten su ejercicio y, en la medida en que se le asignen funciones para supervisión, vigilancia y control del ejercicio de la profesión, lograr mejores estándares en la calidad del servicio a la comunidad, dado el riesgo social que tiene su ejercicio. Importante resulta, la articulación que tendrá la colegiatura con la rama judicial en la defensa del Estado Social de Derecho y en la promoción y el acceso a la administración de justicia.
Colombia merece profesionales con calidad y eficiencia en sus procesos como también su dignificación, control, seguimiento y sanción de quienes no ejercen con decoro.
[1] Sentencia C-226 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
