La democracia colombiana se encuentra en un momento crucial. La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, ignorando explícitamente una decisión del Congreso, plantea serios interrogantes sobre el estado real de nuestra institucionalidad. Este acto, que pretende definir, mediante la ciudadanía, el futuro de una reforma laboral inicialmente rechazada por el legislativo, pone sobre la mesa una pregunta que no podemos esquivar: ¿se trata de un ejercicio legítimo de participación ciudadana o, por el contrario, de un intento de sobrepasar peligrosamente los límites constitucionales?
El dilema no es menor, pues toca directamente la esencia misma de la democracia: la separación de poderes. Colombia se ha caracterizado históricamente por tener una democracia frágil, que ha sobrevivido a múltiples crisis y conflictos. Hoy, esa fragilidad vuelve a manifestarse en una coyuntura en la que un poder, el Ejecutivo, intenta sobrepasar las funciones de otro, el Legislativo. La Constitución de 1991 establece claramente los límites y funciones de cada rama del poder público, y cualquier intento de vulnerar esos límites debería generar un rechazo contundente por parte de la sociedad civil y las instituciones de control.
Dejémonos de vainas
Es necesario hablar claro: el presidente Petro está jugando con fuego al convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, después de que el Senado rechazara la iniciativa con una votación legítima. Esta acción no solo es discutible desde un punto de vista jurídico, sino también preocupante en términos políticos y sociales. Al argumentar que el Congreso "no se pronunció adecuadamente" o que hubo irregularidades en la votación, el presidente pretende justificar lo injustificable. El Legislativo ya habló, y pretender desconocer esta decisión es, a todas luces, una extralimitación de sus funciones y una ruptura peligrosa con las reglas del juego democrático.
Las consultas populares son mecanismos legítimos y valiosos de participación ciudadana, consagrados en la Constitución Política y reglamentados en leyes específicas, como la Ley 1757 de 2015. Pero esas mismas leyes establecen claramente que tales consultas requieren la aprobación del Congreso para ser convocadas a nivel nacional. No es posible interpretar la normativa al antojo del gobierno de turno. Lo que el presidente Petro está haciendo no es promover la participación ciudadana, sino instrumentalizarla con fines políticos, poniendo en riesgo el equilibrio institucional.
En su insistencia por llevar adelante esta consulta, el Ejecutivo no solo desconoce al Congreso, sino que también ignora el papel de instituciones fundamentales como la Registraduría Nacional y la Corte Constitucional. Estos órganos tienen funciones específicas que deben respetarse, como garantizar que los mecanismos de participación popular cumplan con los requisitos establecidos por la ley y la Constitución. Al convocar esta consulta mediante decreto presidencial, se corre el riesgo de generar una confrontación institucional que podría desencadenar una crisis política y constitucional de consecuencias imprevisibles.
En tal sentido, los ciudadanos no pueden caer en la trampa discursiva del gobierno, que pretende presentar esta medida como una defensa de la democracia directa frente a supuestas élites o intereses oscuros. Es exactamente lo contrario: es una amenaza directa a la democracia representativa, donde cada poder tiene un rol claramente definido. Colombia ha superado etapas históricas en las que la concentración del poder en una sola persona o institución generó graves crisis políticas y sociales. No podemos permitir que la historia se repita.
Además, es indispensable preguntarnos por qué el presidente Petro opta por esta vía cuando la reforma laboral está apenas a un debate de ser aprobada o rechazada en el Congreso. Todo indica que esta acción no responde a una urgencia democrática real, sino más bien a un cálculo político que busca movilizar a sectores específicos de la población en un contexto de creciente desaprobación popular hacia su gobierno. En lugar de aceptar la derrota parlamentaria y ajustar sus propuestas, el presidente prefiere llevar la disputa al terreno del populismo, donde la narrativa se construye sobre divisiones y no sobre consensos.
¿Quién tiene la última palabra?
Ahora bien, en este momento crítico, la pregunta fundamental que debemos formularnos es: ¿quién tiene realmente la última palabra en esta disputa institucional? Primero, la ciudadanía. Sin embargo, es necesario que los ciudadanos comprendan claramente qué se está jugando aquí. No se trata simplemente de apoyar o rechazar una reforma laboral específica, sino de defender un modelo de democracia institucional en el cual las reglas del juego sean claras y se respeten plenamente. La ciudadanía colombiana ha demostrado históricamente su apego a las instituciones democráticas y su rechazo a los intentos autoritarios. Es fundamental que mantenga esa actitud crítica y responsable frente a esta nueva amenaza.
En segundo lugar, está el Congreso de la República, cuya autoridad ha sido directamente desafiada por la decisión presidencial. Es esencial que el Legislativo defienda sus atribuciones constitucionales con firmeza y coherencia, evitando caer en la polarización y actuando con sentido de Estado. Los senadores y representantes deben entender que lo que está en juego va más allá de diferencias partidistas o ideológicas. Se trata de proteger el sistema democrático frente a posibles abusos de poder. La actuación responsable del Congreso será determinante para resolver esta crisis y restaurar el equilibrio institucional.
Finalmente, y quizás con mayor relevancia, están las Altas Cortes, especialmente la Corte Constitucional. Este tribunal, cuya función esencial es salvaguardar la supremacía de la Constitución, tiene ahora la tarea crucial de decidir sobre la constitucionalidad del decreto presidencial que convoca la consulta popular. La Corte deberá analizar rigurosamente si la acción del presidente Petro respeta o no los límites constitucionales, y si dicha consulta es procedente en los términos en que fue convocada.
Asimismo, la Corte Constitucional ha jugado en múltiples ocasiones un papel clave para garantizar la estabilidad institucional y proteger los derechos fundamentales. En esta ocasión, su decisión será trascendental no solo para resolver esta coyuntura particular, sino también para sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial en Colombia. Su fallo deberá ser contundente, basado en una interpretación estricta y fundamentada de la Constitución y las leyes vigentes.
Históricamente, Colombia ha tenido episodios en los que las Cortes han frenado intentos autoritarios o extralimitaciones del Ejecutivo, defendiendo con firmeza la institucionalidad democrática. Basta recordar la sentencia de 2010 que declaró inexequible el referendo promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe para buscar su segunda reelección. Este antecedente es relevante porque demuestra que las Cortes pueden actuar con independencia y valentía cuando está en juego la integridad constitucional del país.
Por lo tanto, la última palabra efectivamente la tendrán las Altas Cortes, específicamente la Corte Constitucional. Su decisión deberá ser acatada por todas las partes, sin excepción. Los colombianos debemos confiar en que la justicia constitucional estará a la altura de las circunstancias y protegerá nuestra democracia frente a cualquier intento de vulneración institucional. La estabilidad política y social del país dependerá, en gran medida, de la claridad y contundencia de su pronunciamiento.
En definitiva, esta crisis institucional es una oportunidad para que Colombia reafirme su compromiso con la democracia representativa, el respeto a la separación de poderes y el cumplimiento estricto de la Constitución. No podemos permitir que el populismo ni la tentación autoritaria deterioren nuestras instituciones ni pongan en riesgo el Estado de Derecho. Es hora de defender, con decisión y claridad, la democracia colombiana. La ciudadanía debe estar alerta, el Congreso actuar con responsabilidad histórica y las Cortes deben cumplir con firmeza su papel constitucional.
Si Colombia logra superar esta coyuntura con apego a la Constitución y respeto por las instituciones democráticas, habrá dado un paso fundamental para fortalecer su democracia y evitar futuros abusos. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental la vigilancia ciudadana y la responsabilidad institucional. Colombia no puede permitirse retroceder ni un solo paso en la defensa de su democracia. Dejémonos de vainas y defendamos con claridad la institucionalidad del país.
