Como se sabe, el llamado Comité Nacional del Paro, formado por agrupaciones de izquierda, convocó a movilizaciones sociales a partir del 28 de abril de este 2021. Las críticas a dicha convocatoria no tardaron al estimarse que era inoportuna e insensata dada la situación altamente crítica que el país vivía por el covid-19, situación que podría agudizarse por las aglomeraciones, contexto en el que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pensando en la salud de los colombianos, prohibió las movilizaciones.
El Comité desoyó las críticas públicas y la decisión judicial, y se dejó venir con la primera de sus “gracias”: ratificar la orden del paro. Dado que se imponía aparecer ante la ciudadanía con argumentos que a esta le permitieran justificar el porqué de la decisión, los jefes afirmaron que era más trascendental para la suerte del país protestar contra “un gobierno inepto, insensible, mentiroso, criminal y corrupto”, según dijo alguien; rechazar las reformas tributaria y de salud del Ejecutivo; exigir una mayor equidad, más empleo para los jóvenos y las jóvenas (¿así se dice ahora?…), renta básica, matrícula cero, vacunación masiva, subsidios a las pequeñas y medianas empresas, y otros anhelos, asuntos en los que ya venía actuando el gobierno.
Y empezó el oleaje de movilizaciones en numerosos sitios en forma de marchas, recitales, concentraciones, plantones, conciertos (los de delinquir vendrían luego…), etc. Eran el frente pacífico, porque el bélico, que también figuraba en el menú general del Comité, aunque lo negarían, empezó a materializarse en bloqueos y actos de violencia manifiesta (incendios, asaltos, ataques, saqueos, asonadas, voladuras y otros modos de vandalismo). Fue cuando los medios nacionales y externos comenzaron a mostrar cierres permanentes y perentorios de vías; aislamiento de ciudades; choques de y con la policía; destrucción o afectación de sedes bancarias, negocios varios, comercios, gasolineras, CAI, edificios gubernamentales, estaciones de transporte, vehículos oficiales y particulares, centros policiales, cámaras de fotomultas, semáforos, mobiliario urbano, etc. De todo, como en botica.
Esas des-gracias produjeron cosas. Las aglomeraciones, por ejemplo, según lo advertido, incrementaron la curva de contagios y muertes por covid-19, agudizaron las emergencias en hospitales y clínicas, condujeron al lleno de las UCI. Por su parte, los bloqueos y las acciones violentas, repelidas por la policía, ocasionaron decenas de manifestantes y agentes muertos o heridos, y afectaron gravemente la producción, el comercio, la prestación de servicios, el suministro de artículos, alimentos, combustibles y medicamentos, en 29 de los 32 departamentos, atentando contra la salud y la vida. Por otro lado, las materias primas escasearon, los precios de los alimentos se treparon, a los pollitos se les abandonaba en las carreteras, las gallinas morían por millones, la leche terminaba en los caños.
Asoleche dijo que se dejaron de vender 207 mil millones de litros; en algún momento la SAC afirmó que se habrían perdido más de 16,4 toneladas de alimentos; Fasecolda hablaba de siniestros por más de 140 mil millones de pesos, y otras fuentes estimaban que cada día de paro generaba pérdidas superiores a $170.000 millones, que 40 mil empresas comerciales cerraron temporal o definitivamente, y que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
Bien lo dijo el exministro Carlos Caballero Argáez, en El Tiempo del pasado 19 de junio: “Si no fuera porque el país entero lo vivió, no cabría en la cabeza pensar que alguien en su sano juicio se le ocurriera afectar de tal manera la existencia de unas comunidades golpeadas, como si fuera poco, por la pandemia causada por el coronavirus con su secuela de 100,000 muertos”.
El Comité no condenaba con la energía adecuada aquellas “gracias” (que son apenas una pequeña muestra de lo que sucedió, y sigue sucediendo), sino que pasaba por encima o protagonizaba otra gracia: echar a volar la idea de que el paro estaba infiltrado por policías y militares para propiciar la violencia y lograr que la ciudadanía lo rechazara. Y fue cuando esa misma ciudadanía, que al principio no entendía muchas cosas, sospechó que había “gato encerrado”, algo que apuntaba a más, y que lo que se buscaba era derrocar al presidente Duque y llevar a Palacio a un líder “popular”.
Faltaba la gracia final. Estuvo a cargo de un alto directivo de Fecode, quien tuvo la sinceridad de decir que la del paro era “una de las tácticas para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en el 2022”. Era la pista que faltaba para saber por qué los docentes implicados en el paro no querían volver a las clases presenciales, pretextando el riesgo de contagios, riesgo que dizque no existía en las aglomeraciones…
INFLEXIÓN. En la vida de los pueblos hay jornadas sociales que se convierten en antisociales y convierten en antisociales a sus promotores y ejecutores. Los colombianos demócratas lo recordaremos en las elecciones de 2022.
Por: Ignacio Arizmendi
26/06/21
