Las reformas a la justicia que han propuesto están en cuatro textos; uno sobre la humanización de las cárceles, otro en las reglas de sometimiento, uno más referente a una jurisdicción agraria, otro más sobre una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia.
El principio de la primera, es como lo ha expresado el presidente Petro: si quitamos los crímenes del código penal, habrá por definición menos crimen. Eliminar crímenes no significa que las conductas que nos parecen ofensivas no sigan sucediendo. El resultado puede ser la proliferación de esas conductas. En la misma lógica; para humanizar la cárcel proponen liberar los criminales de las cárceles. Además los miembros de la primera línea no podrán ser procesados por concierto para delinquir. Esto implica reducir las penas e incluso su excarcelación. Tampoco podrán ser procesados por terrorismo. El Gobierno sigue presionado por su excarcelación.
Ahora los presos podrían salir por 72 horas si tienen cumplido el 25% de la pena. Hoy la ley establece que se debe cumplir el 33%. También Petro les disminuye el tiempo para acceder al permiso de salida por fines de semana del 80% al 40% del tiempo de la pena cumplida. Presos entre semana, delinquen fines de semana. Se elimina el artículo que establece circunstancias de agravación para homicidios cometidos en menores de edad.
El proyecto también establece nuevas definiciones de cárcel como “reclusión semiabierta” y “abierta”. Incluso la creación de nuevos cupos en cárceles estará condicionada ¿Las cárceles se convierten en hoteles?
La liberación de presos bajo el título de “gestores de paz” y otros como “observadores” pondrán a los criminales en las calles. Los ceses al fuego bilaterales en realidad han sido unilaterales, el presidente tiene a las Fuerzas Armadas de brazos caídos.
El proyecto de ley de sometimiento establece que habrá una excarcelación masiva de las bases de las bandas criminales. A los responsables de delitos menores se les aplicará principio de oportunidad y libertad condicional. Las bandas de atracadores de las ciudades quedarán libres. Los “Pelusos”, “Rastrojos”, “El Clan del Oriente”, “La Terraza” están incluidos.
En este proyecto de ley no podrán existir colados porque todos los criminales son aptos para aplicar. Los narcotraficantes serán los más beneficiados. Terminarán pagando menos cárcel que los paramilitares. Tampoco se establecen sanciones severas en caso de incumplimiento. Solo se les retirarían los beneficios. Además podrán quedarse con el 6% de las rentas obtenidas en la ilegalidad. ¿Cómo verificará el gobierno cuál es la cantidad real de dinero que tienen del narcotráfico?
Los criminales también tendrán tiempo para pensar cómo negociar. Tendrán tres años de plazo para someterse a la justicia. Podrían en ese periodo esconder fortunas y disfrutar de la eliminación de órdenes de captura. El gobierno hasta les otorgará “zonas de ubicación temporal”. Serán varios caguanes en el país. La Fuerza Pública no vigilará las zonas. ¿Licencia para delinquir sin respuesta del Estado?.
Las penas para los máximos responsables serán entre 6 a 8 años. Hoy en día la pena máxima por narcotráfico es de 20 años y por secuestro extorsivo de 42 años.
A eso hay que agregarle toda una nueva jurisdicción sobre temas agrarios. Que incluirá jueces, tribunales y una nueva alta corte. No es claro aún cuáles temas agrarios tratarán: los civiles, los comerciales, los administrativos; todos o algunos, pero le faltan solo 4 debates.
La coletilla de esta nueva demolición son los juicios nacionales anticorrupción que en cabeza de León Valencia se proponen como ley estatutaria creando una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia. Unos juicios que se parecen mucho a los que las tiranías han usado para perseguir a sus adversarios.
En resumen; demuelen también nuestra justicia.