A los voceros de la campaña del ´No´ en el plebiscito de 2016 los tildaron de enemigos de la paz y les hicieron conejo. El expresidente Santos, mintiéndole al país como fue su costumbre, desconoció el resultado descaradamente, dándole la espalda al 51% de los colombianos imponiendo un acuerdo dañino para el país. Es por eso que hoy la sociedad colombiana vive una profunda y extrema polarización. Para la época un bando era “amigo de la paz” y el otro “enemigo” de ella. Se suponía que el “enemigo” de la paz que ganó en la elección, hoy, no tendría razones para señalar la negociación. La falta de voluntad política del entonces gobierno para convocar a un gran acuerdo nacional para la refrendación de lo pactado nos tiene sumidos en una grave crisis institucional.
En palabras de mi papá como vocero del ´No´, ese desconocimiento fue un atentado contra la columna vertebral de la constitución, que es la democracia de la participación, porque trasladó la soberanía del pueblo al parlamento. El primer legado del ´No´, decía sin motivo de orgullo, se convertiría en la lección de un daño institucional que ocasionó un gobierno en afanes.
Suficiente ver con el sesgo con el que actúa la JEP, cómo se han fortalecido los grupos narcoterroristas, cómo se ha legitimado la violencia y el vandalismo como mecanismos para exigir nuestros derechos y cómo un sector ataca a la fuerza pública y a la institucionalidad sin el más mínimo asomo de respeto hacia la autoridad. El daño institucional está hecho y perdimos entonces una gran oportunidad de reconciliación. Ese atentado al orden constitucional fomentó el caos, la zozobra y generó una disrupción en la edificación de los caminos de entendimiento de los colombianos como nación.
En el plano local, la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Cali han sido permisivos al reconocer vocería política a una minoría que acude a la violencia y que nos prohíbe a la mayoría ejercer nuestros derechos como ellos dicen hacerlo, de forma legítima y pacífica. El desgobierno en Cali y la sensación de anarquía que se vive y se palpa en el ambiente, tiene a Jorge Iván Ospina ad-portas de una inminente suspensión por parte de la Procuraduría.
Permitir y validar los bloqueos como forma de protesta, la destrucción del sistema de transporte y no garantizar la seguridad de los caleños es una grave falta disciplinaria que no puede dejar de ser sancionada ejemplarmente. No hacerlo, sería un muy mal mensaje de las instituciones y reviviría el debate sobre la necesidad de revisar la estructura del Estado para adelgazar su funcionamiento y hacerlo más efectivo, transparente y cercano al ciudadano. En estos momentos es cuando más se requiere la fortaleza de una institucionalidad que nos ha costado mucho construir a lo largo de la historia y de la que esperamos acciones concretas para recobrar la confianza que se ha perdido.
¿Qué pasaría hoy si se hubiera respetado la voluntad popular de una mayoría representada en el 51% que votó, no para acabar el acuerdo, sino por construir sobre lo construido?
No podríamos saber si los efectos y resultados de convocar ese gran acuerdo hubiesen reorientado en beneficio real de la paz y de nuestra reconciliación. Lo que sí es claro, es que se habría respetado la voluntad soberana del pueblo en el plebiscito como mecanismo de participación y no estaríamos en una profunda división que nos desdibuja como nación soberana. Hoy no estaríamos tildándonos entre “paraco” y “guerrillo”. Papá, los hechos te dan la razón; sufrimos la lección de un profundo daño institucional.
