Según la ley mexicana de 2000, para ser reconocido como investigador del Sistema Nacional de Investigadores – SNI, una persona debe:
1. Ser investigador o profesor de tiempo completo de una institución de educación superior del país;
2. Tener un contrato como académico de carrera (mínimo de 40 horas a la semana y no tener ninguna actividad remunerada adicional, excepto aquellas permitidas por los ordenamientos que no excedan de 8 horas a la semana).
En el 2010, siendo rector de la Universidad de las Américas, el abogado y doctor en derecho Alejandro Gertz Manero solicitó ingresar al Sistema Nacional de Investigadores de México - SNI. Sin embargo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Conacyt lo rechazó por considerar que no tenía suficiente producción científica ni había demostrado una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos.
A partir de ese momento, el abogado Gertz Manero presentó una demanda de nulidad de la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia, la cual fue aprobada exigiéndole al Conacyt evaluar nuevamente el caso. El 4 de diciembre de 2013 el Conacyt, al revisar su decisión, volvió a negarle el nombramiento en el SNI. Inconforme con esta nueva decisión, el abogado Gertz interpuso una queja porque según él se estaba “incumplimiento la sentencia”. Pese a ello, en julio de 2014 el Consejo confirmó el rechazo a que el abogado ingresara al SNI. Ante esta situación, Gertz Manero volvió a interponer un juicio de amparo indirecto y un juez de la Ciudad de México le dio la razón y dejando sin efecto la última resolución del Conacyt. Dado que en esta última demanda Alejandro Gertz Manero mencionó que había habido discriminación por parte del Conacyt al negarle el ingreso al SNI, se creó una comisión especial en el Conacyt para revisar el caso. La decisión de los integrantes de esa instancia fue que el señor Gertz sí había sufrido un trato diferencial, por lo que, en el 2020 le solicitó al Conacyt aceptar al doctor Alejandro Gertz Manero como integrante del SNI. Lo anterior abrió el debate sobre la existencia de una élite en la comunidad científica que no permitía el ingreso de personas como el abogado Gertz.
Por otro lado, el 18 de enero de 2019 el Senado de la República designa a Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República de México y, sorprendentemente, dos años después, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 31 investigadores del Conacyt de malversación de fondos públicos y creación de una organización criminal liderada por nueve exfuncionarios del Consejo. Pese a presentar el caso tres veces ante diferentes jueces, ninguno de estos procesó la acusación hecha por la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal Gertz Manero anunció a los medios que continuará revisando el asunto y replanteará el caso para que un juez le permita imputar a los 31 científicos del Conacyt que lideraron el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología.
En Colombia y en el mundo, cuando un funcionario público tiene o ha tenido una relación tensa con otra persona o institución, debe declararse impedido para actuar desde la investidura de su cargo, pues esta situación le impide analizar la situación con la objetividad que se requiere. En este caso, llama la atención que el Fiscal Gertz no se hubiera apartado del caso en contra de los 31 funcionarios del Conacyt, pues su tensión con las directivas de esa entidad era evidente. También llama la atención las alocuciones del presidente López Obrador que afirma que: “durante 16 años el grupo de científicos recibió 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y otros 471 millones más para cubrir gastos de operación y señaló que con parte de los recursos se pagaron restaurantes de lujo e incluso adquirieron una propiedad en Coyoacán". Este tipo de intervenciones de la cabeza de la rama ejecutiva preocupan porque en cualquier democracia se debe evitar la intromisión de los representantes de una de las ramas en los asuntos de competencia de la otra. En este caso se ve una intromisión del ejecutivo en el judicial que busca llevar a juicio a quienes lideraron el Conacyt en los años anteriores.
Este caso muestra las tensiones entre científicos y políticos, pero fundamentalmente este tipo de situaciones evidencia los retos que hay en países latinoamericanos de generar entornos sociales adecuados para el avance de la ciencia en nuestra región. Por ello, desde Avanciencia creemos, por un lado, que las instancias científicas deben ser más abiertas para incluir a diferentes formas de hacer ciencia evitando discriminación; y, por otro lado, abogamos porque las auditorías a quienes administran recursos científicos sean hechas por personas sin conflictos de interés.
Finalizo esta reflexión anotando que es triste que estas instancias científicas en lugar de estar produciendo conocimiento científico estén respondiendo a acusaciones penales hechas por otros investigadores. Si en América Latina no hacemos esfuerzos por acercar la ciencia al derecho y a la política, estas polémicas nos seguirán desgastando impidiéndonos ser actores relevantes de la producción del conocimiento para el mejoramiento de nuestras condiciones regionales.
