Inicia un nuevo periodo legislativo en un año marcado por la pandemia del Covid 19. Desde el Congreso no podemos bajar la guardia, al contrario, debemos trabajar más fuerte para resolver tantas necesidades que tienen los colombianos y que debido a la crisis económica se han agravado. Por esto, arrancamos la legislatura 2020-2021 con nuevos proyectos en defensa del bolsillo de los ciudadanos, en contra de los abusos bancarios, a favor de los pensionados del país y buscando la reactivación económica de los sectores productivos.
Como les comenté en la columna anterior, el periodo pasado logramos aprobar cuatro leyes nuevas de mi autoría entre las que se encuentra la ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo que pasó a revisión de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria, y la ley de pago anticipado de créditos en cooperativas y establecimientos de comercio que pasó a sanción presidencial. Estas dos normas se suman a las seis ya vigentes que contribuyen a generar un mayor equilibrio entre los usuarios y el sistema financiero en Colombia. En total, hemos puesto a disposición de los ciudadanos catorce leyes, ocho de ellas en contra de los abusos de la banca.
Ahora, en este periodo que se instaló el 20 de julio, vamos a presentar un nuevo proyecto que busca la reducción de los intereses en las tarjetas de crédito. Es decir, ponerle límite a las tasas de interés abusivas que pagan los colombianos.
En el país, actualmente, la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente solo para tres modalidades de crédito que son: microcrédito, consumo de bajo monto, y crédito de consumo y ordinario. Esta certificación permite establecer la tasa de usura que es 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la SuperFinanciera para cada modalidad de crédito. Si observamos el comportamiento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Colombia, vemos que están muy cercanas al límite de usura fijado para los créditos de consumo y ordinario que es la modalidad que contiene a las tarjetas de crédito.
Las tasas de interés de las tarjetas de crédito en nuestro país no se establecen en función de qué “tan buena paga” es el cliente. Entonces, lo que busca nuestro proyecto de ley es orientar al mercado a hacer esas diferenciaciones, ampliando las facultades del gobierno para que, en el caso de las tarjetas de crédito, se determinen distintas modalidades teniendo en cuenta, el plazo, el monto y el perfil de riesgo asociado a estas. También, que se evalúe periódicamente la pertinencia de las modalidades vigentes, justificando su permanencia y revisando la conveniencia de crear nuevas. De esta manera, si usted es buena paga, independientemente de cuánto dinero tenga, tendrá acceso a tarjetas de crédito con tasas más bajas.
Adicionalmente, la iniciativa busca poner límites a los llamados gastos por cobranzas cuando los clientes se atrasan. Actualmente, con solo un día de mora ya se pueden causar estos cobros, es decir, le cobran al usuario la totalidad de los intereses, lo cual es injusto. Nuestro objetivo es que, si una persona se atrasa en su crédito, sólo puedan cobrarle los intereses de los días en mora.
Por otro lado, en esta legislatura vamos a realizar un importante debate de control político para revisar cómo está el tema pensional en Colombia. Haremos un monitoreo juicioso de nuestra Ley 1748 de 2014 o Ley de precios transparentes que obligó a los fondos de pensiones a enviar trimestralmente a sus usuarios el extracto con las semanas cotizadas, lo cual acabó con el conejo que muchos empleadores les hicieron a los trabajadores durante años. Gracias a esta ley, más de 16 millones de afiliados a los fondos privados han recibido su extracto a la fecha y saben cuántas semanas les faltan para obtener su pensión.
Además, desde octubre del 2016, gracias a esta ley, todos los colombianos tienen derecho a recibir la doble asesoría por parte de los fondos privados y de Colpensiones, y, de esta manera, elegir informadamente cuál régimen les conviene más.
Sin embargo, hay una arista importante que debe ser revisada. Los ciudadanos tienen que recibir la información clara y completa sobre las comisiones de administración que cobran los fondos privados de pensiones. En nuestro país el promedio de las comisiones de administración es de 1,26% siendo una de las tarifas más altas de la región e, incluso, del mundo, donde en algunos países llega a 0%. Por tanto, es urgente que pongamos la lupa en este tema y lo revisemos desde el Congreso de la República.
Para finalizar, dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, creo necesario presentar un paquete de medidas para reactivar la economía y el emprendimiento. De este modo, trabajaremos de la mano del gobierno nacional para impulsar los sectores productivos, alivianar las cargas de los micro, pequeño y medianos empresarios, así como estimular a los negocios emergentes brindándoles oportunidades a tantos colombianos que lo necesitan.
Es claro que atravesamos momentos difíciles en medio de un virus cuyos daños nadie dimensionó. Por esto, nuestro trabajo desde el Congreso debe enfocarse en buscar soluciones a tantas preocupaciones que hoy aquejan a nuestras familias. Tenemos varias tareas pendientes para este periodo y tengan presente que allí estaré aportando desde mis proyectos de ley, iniciativas, debates de control, denuncias y luchas para que sigamos transformando la vida de cada ciudadano.
