Se anunció por el presidente Petro que dio “la orden” en el Consejo de Ministros de desmantelar todas las nóminas paralelas, gastos suntuarios y superfluos. Si esto se cumple, sin excepciones, y tampoco se convierte en el pretexto para seguir creciendo la nómina estatal -la burocracia-, estaremos frente a un bienvenido acto de austeridad y una decisión realmente ejemplarizante. El verdadero cambio.
Esa “orden” debe registrarse de manera formal en un acto administrativo (decreto o resolución ejecutiva) o, por lo menos, en una circular presidencial, que la precise y haga exigible. Solo así, la ciudadanía, en el marco de la democracia participativa, podrá denunciar a los servidores públicos que no la cumplan y, llegado el caso, exigir su cumplimiento judicialmente. Sin que se produzca ese trámite formal, la “orden” del presidente quedará en una simple manifestación mediática.
Las acciones de austeridad del gobierno nacional -que deberían incluir a las entidades regionales y territoriales-, sumadas a las acciones encaminadas a contrarrestar la evasión, son más prioritarias que cualquier reforma tributaria. Sin embargo, los expertos coinciden en la necesidad de aquella.
El análisis de la reforma tributaria se lo dejo a los expertos en la materia. Uno de los mejores, Juan Carlos Echeverry Garzón, ha venido haciendo serios, cortos y muy claros apuntes que resultan útiles para la comprensión del alcance del proyecto radicado. Ya se advierten gruesas deficiencias en éste.
La presentación de la actual reforma tributaria también se produjo sin la previa socialización que tanto se reclamaba entonces por los miembros de la oposición y hoy integrantes del gobierno de turno. Su radicación ha sacado lo peor de algunos colombianos. Especialmente de aquellos que son afectos al nuevo gobierno y que, paradójicamente, pregonan la política del amor, la igualdad, el diálogo, la reconciliación y la paz nacional. Dentro de este grupo también se cuentan algunos opinadores y comunicadores.
Por ejemplo, mientras unos se comprometen a abogar para que en la reforma tributaria presentada se excluyan las actividades relacionadas con las artes y la cultura, como lo hace el senador Bolívar; otros, como la actriz Margarita Rosa De Francisco y el comunicador Daniel Samper Ospina, aprovechando su influencia mediática como miembros de la farándula nacional, abogan para que en esa reforma se incluya a las iglesias como contribuyentes. Más allá de si unos y otros tienen o no la razón, lo que se observa en sus peticiones mediáticas es la manifestación de sus afectos o desafectos estrictamente personales, que el resultado de un serio análisis tributario, que claramente no están en capacidad profesional de efectuar.
Pocos son los que opinan, sugieren y plantean que todos, en aplicación del principio de igualdad que contiene la Constitución Política, seamos quienes contribuyamos de acuerdo con la capacidad de pago de cada quién (técnicamente me refiero al principio de progresividad). Lo que sí se observa con especial vehemencia es que unos piden que los excluyan de la condición de contribuyentes pero a la vez exigen con firmeza que incluyan a los otros. En otras palabras, yo no tributo pero usted sí.
Así no se construye dialogo, reconciliación y paz alguna. Nada más contrario a un propósito nacional que nos pueda unir y contribuya a la prosperidad de todos, que las actitudes ciudadanas que buscan sin rubor el beneficio propio con cargo únicamente al esfuerzo, trabajo y sacrificio de los demás. Esta es la real polarización que tanto daño le hace a la sociedad colombiana y que ya no puede atribuírsele más de manera injusta al uribismo. Ahora, es el petrismo el que gobierna y, según se dijo, pasada la primera vuelta presidencial, supuestamente “el uribismo murió”.