La taquillera e impactante película ‘Sonido de Libertad’ que se estrenó hace una semana en Colombia, ha tocado fibras en lo más profundo del alma de la mayoría de ciudadanos que han tenido la oportunidad de verla. Cuenta la triste realidad de millones de niños alrededor del mundo, quienes son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Precisamente, una de las historias que inspiró el filme ocurrió en las Islas del Rosario, Cartagena, donde en el año 2014 las autoridades colombianas rescataron 25 menores de edad entre los 13 y 17 años que estaban siendo sometidos a este vejamen.
Sin embargo, el propósito de la película, como lo han dicho sus creadores, no es el de quedarse en la anécdota del cine arte; sino pasar a la acción, transmitiendo un poderoso mensaje en cada persona: “los niños de Dios no están a la venta.” Es necesario que como sociedad hablemos alto y claro sobre lo que está pasando, sin tabúes, sin penas, sin miedos. En nuestro país esta es una problemática que ha llegado a niveles vergonzosos, a tal punto que muchos de los depredadores sexuales que hay en diferentes partes del planeta han posicionado a Colombia como uno de los destinos más apetecidos para cumplir sus aberraciones.
Las víctimas de trata en Colombia
Lamentablemente, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas es una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo que deja ganancias de entre 150.000 y 300.000 millones de dólares al año. Por tal motivo, grupos armados y narcotraficantes usan este negocio como parte de su financiación.
De acuerdo con la ONU, entre el 2010 y el 2022, en Colombia el 62% de los casos de trata de personas tuvieron como fin la explotación sexual, siendo las mujeres las más propensas a ser víctimas de violencia extrema. El principal destino para las víctimas que salen del país es México, China, España y Ecuador. Adicionalmente, según un informe del 2020 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las víctimas más comunes son refugiados, migrantes venezolanos, desplazados, afrocolombianos, indígenas, personas con discapacidad y colombianos que viven en áreas donde hay presencia de organizaciones criminales.
¿Qué se viene haciendo?
La ley 800 de 2003 dio un primer paso para promover la cooperación transnacional y combatir este delito. La ley 985 de 2005 ahondó en las medidas de protección a las víctimas y estableció entre 13 y 25 años de prisión a quien capte, traslade o acoja una persona con fines de explotación. De igual forma, todos los gobiernos desde el 2007 han realizado campañas de sensibilización y avanzado en una política pública clara para detener este flagelo. De hecho, en coordinación con las autoridades colombianas y de otros países se ha logrado capturar a numerosos líderes de redes de trata de personas.
Actualmente, el Ministerio del Interior, junto con la Fiscalía, Defensoría, Policía, Bienestar Familiar y Migración crearon una completa ‘ruta de protección y asistencia’ que busca cubrir todos los frentes para proteger a las víctimas, dar con el paradero de los tratantes y prevenir que ocurran nuevos casos.
Hay que reconocer que el trabajo se viene haciendo. Sin embargo, este es un delito que no se detiene y encuentra cómo reinventarse con las infinitas posibilidades que da el Internet y las redes sociales. Nuestras mujeres, niños y niñas siguen siendo carne de cañón, especialmente en la intranet donde aún son muy limitados los controles. Por ejemplo, recientemente el Centro Cibernético de la Policía señaló que en lo que va del 2023 se han capturado 214 personas por delitos informáticos y explotación sexual infantil en Internet. Así mismo, se han bloqueado más de 17 mil páginas web con material de abuso sexual contra niños y niñas
Desde el Congreso es nuestro deber seguir trabajando para proteger física y emocionalmente a nuestros menores y a toda la ciudadanía de la trata de personas con fines de explotación sexual, así como de los nuevos fenómenos que la criminalidad ha introducido en los entornos digitales. En concreto, además de fortalecer las instituciones de seguridad, inteligencia y tecnología, urge actualizar la ley 1616 de 2013 que busca garantizar la salud mental de los colombianos, en especial de los niños, niñas y adolescentes, sensibilizándolos y protegiéndolos de entornos violentos a los que puedan estar expuestos.
Teniendo en cuenta que la legislación en esta materia tiene más de 10 años, presenta graves vacíos y desactualizaciones frente a los peligros que enfrentan los pequeños y jóvenes en Internet y redes sociales. Además, se debe robustecer la articulación de los Ministerios de Educación, TIC y Defensa en sus estrategias para combatir el ciber-acoso, la pornografía infantil, la trata de personas, y el turismo y explotación sexual, entre otras conductas y delitos que amenazan constantemente a nuestros menores. No podemos seguirles cediendo terreno a los criminales y depredadores sexuales, mientras la vida de nuestros niños y adolescentes corre riesgo todos los días.
