Para esta época del año inician las alertas de sequías y emergencias climáticas por el fenómeno de El Niño y, desafortunadamente, la costa caribe es la más afectada por las fuertes olas de calor, los incendios o el riesgo de pérdidas para el sector agropecuario, lo que se suma a un problema que se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza desde hace décadas: el servicio de energía eléctrica.
Este asunto del clima fue la justificación para crear el cargo por confiabilidad, un seguro que garantiza el suministro de energía desde fuentes térmicas y que todos pagamos en la factura como “CxC”. Sin embargo, esta solución para evitar apagones ha sido controversial, porque ha costado a los usuarios decenas de billones de pesos desde el año 2006 pero, aún hoy seguimos hablando del riesgo de racionamiento cada vez que el país sufre un estrés hidrológico y los niveles de los embalses bajan seriamente.
En la Costa Atlántica la situación es un poco más compleja. La salida de Electricaribe del mercado de energía eléctrica en el 2020, en particular por denuncias y hallazgos de mala gestión por errores en planeación; fallas regulatorias; y la baja o nula inversión en tecnología para la renovación de las redes, han creado un sin sabor e inconformidad en la ciudadanía en general. Este proceso contó con la participación de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios y el Gobierno Nacional de entonces que puso en marcha el Plan 5 Caribe con inversiones por 4.18 billones. Tales recursos aumentaron en marzo de 2020 a 7,2 billones para atender la crisis de Electricaribe. Es así como en octubre de ese mismo año entran al mercado Afinia y A-ire, repartiéndose las dos subregiones, Caribe Mar y Caribe Sol.
¿Cómo y por qué se hizo esta contratación?
La historia nos exige decir las cosas tal como son. Ni el país, ni las comunidades, ni los alcaldes, ni los congresistas que lideraron la lucha por lograr la salida de Electricaribe tuvieron acceso a los términos de la negociación con Afinia y A-ire. Esto es muy cuestionable porque, amparados en la reserva, nunca se supo bajo qué condiciones recibieron la cartera a favor de Electricaribe, la cual se calculó en 2 billones de pesos.
Pese a las advertencias de algunos de los voceros y representantes de la época, poca atención recibieron de la opinión pública los compromisos adquiridos por estos nuevos agentes, quienes no asumieron los pasivos de la compañía como el pensional o los créditos con bancos comerciales que en total se acercan a los 7,7 billones.
¿Cuál es el balance de estos tres años?
El sistema ha tenido una evolución, pero aún es muy temprano para que todos los usuarios comiencen a notarlo, pues la dimensión del problema es tal que exige inversiones progresivas a mediano y largo plazo y solo hasta que esto ocurra veremos resultados.
Por esto mismo, como congresista entiendo el clamor de la gente y abogo por un cambio de rumbo en el manejo de estos operadores. Necesitamos entender que los usuarios en este momento sólo ven incrementos en sus facturas, pero no ven las obras e inversiones, reflejadas en calidad.
Infortunadamente, el acuerdo celebrado por el Gobierno con los operadores no siguió esta lógica y los factores externos tampoco han ayudado. Ejemplo de ello es el aumento acumulado de la TRM, la subida de los precios internacionales del combustible y la opción tarifaria, entre otros ingredientes que también han influido en las alzas de la energía.
Ahora bien, debemos reconocer que los nuevos operadores sí cuentan con un plan de inversiones, el cual está dirigido al reemplazo de infraestructura de redes, subestaciones y transformadores, que requieren una inversión de 6,4 billones (4,1 Afinia y 2,3 A-ire) a 2025.
También hemos evidenciado en los informes periódicos de los operadores que los indicadores SAIDI y SAIFI (frecuencia y duración de las interrupciones del servicio) han mejorado, pero las quejas por inconformidad en la medición, cobros por promedio y recuperación de consumo persisten en su comportamiento típico en los 7 departamentos.
La región sigue sin recibir la atención que merece del Estado, la gente necesita ver los resultados de las inversiones antes del impacto en el bolsillo y el Gobierno tiene que ofrecer alternativas para bajar las tarifas de manera efectiva. Esta es la única forma de salir del círculo vicioso de la cultura del no pago y de la frustración por el mal servicio
La cereza del pastel en el PND
Infortunadamente, se suma a la crisis un factor más que, de hecho, hemos venido advirtiendo desde que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno. Colombia está desincentivando la inversión en energías renovables. La política fiscal no puede gravar y castigar la inversión en los departamentos donde existe mayor aptitud solar y eólica incrementando las cargas tributarias de las empresas que llegan a invertir en estos departamentos, principalmente La Guajira, Atlántico y Magdalena. Ya hemos visto dos casos preocupantes: por un lado, el cierre de la central eólica en la Guajira y más recientemente la suspensión del proyecto solar de la empresa francesa EDF en Girardot.
Hoy en día este tipo de generación representa entre el 3,1 y el 3,2% de la producción primaria de energía en Colombia. Si continuamos así difícilmente lograremos la meta formulada en 2050 de llegar a rangos entre el 12% y el 20%.
