Dos noticias de estos días, en principio sin ninguna relación entre sí, me llevan a reflexionar sobre el que es uno de los mayores retos, si no el mayor, de todas las democracias: la aplicación de la justicia y, muy especialmente, sobre los encargados de administrarla.
La prensa de todo el mundo se ha hecho eco de las declaraciones de una reina del pop, Britney Spears, ante un tribunal de Estados Unidos diciendo que quiere que la tutela legal —que controla su vida personal y sus finanzas— después de trece años, acabe de una vez por todas. Dicha tutela fue dictada por un juez en su momento; y entra en ámbitos tan personales de la vida de la artista como obligarla a usar anticonceptivos y, por supuesto, a impedirle casarse.
No entro, ni me interesa el asunto, en si esta señora no está bien de la cabeza, como parece que alegó su padre para administrar sus bienes y controlar su vida de esa forma. Pero sí me interesa la personalidad del juez que emitió semejante sentencia, más propia de la Edad Media que de nuestro tiempo.
Y el mismo día en que la prensa del mundo se ocupaba de las vicisitudes judiciales de la cantante norteamericana, la televisión de Ecuador mostró el ambiente que reinaba a las afueras de una cárcel de Guayaquil en donde, tras un motín al interior del centro penitenciario, murieron 118 reclusos.
A las puertas de esa cárcel, en medio del caos y las escenas de angustia de los familiares de los internos, queriendo conocer qué suerte había corrido el de cada uno de ellos, un hombre de unos sesenta años mostraba ante la cámara con los dedos de una mano, el número de hijos suyos que habían muerto dentro de ese penal: “Tres, tres han muerto; el cuarto está vivo y tiene boleta de salida hace días. Por favor, que me lo dejen salir”. La suerte Britney Spears y la vida de un anónimo preso ecuatoriano en manos de un juez.
Michel de Montaigne, un filósofo y moralista francés del Renacimiento, dijo que las leyes “a menudo están hechas por necios, las más de las veces por gente que, por odio a la igualdad, carece de equidad, pero siempre por hombres, autores vanos e inciertos… Así que nada es tan grave, extensa y habitualmente falible como las leyes”. Lo dijo por allá en el año 1600 y no parece que hayamos progresado mucho desde entonces.
Un buen amigo, profesional del derecho y con mucha experiencia en tribunales, me hizo una reflexión demoledora, después de contarle el caso de un conocido que cayó, flechado por sus encantos, entre los brazos y la toga de una juez que arruinó su vida: “Estate siempre alejado de los jueces. Una persona que estudia y se prepara para decidir el destino de sus semejantes es peligrosa”.
Pero es lo que hay, qué más podemos hacer. Y si no están preparados o son venales, apaga y vámonos. Por eso causa una terrible desesperanza y un tremendo desasosiego el emperramiento que hay en Colombia —tanto por parte de magistrados como de legisladores— en impedir una necesaria reforma de la justicia. ¡En este país! El único en el mundo que tiene un Cartel de la Toga; un país en donde el Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, cabeza del cuerpo de élite para luchar contra la podredumbre institucional, resultó ser un delincuente.
El problema no es exclusivo de Colombia, admitámoslo, aunque es difícil ver fuera casos tan clamorosos como los de aquí. Tampoco es exclusivo de Colombia la tentación de los políticos de manipular la justicia y lo mucho que han logrado en ese campo.
Aun sin perder de vista la advertencia de Montaigne, crucemos los dedos para que la justicia encuentre jueces que la apliquen, que la protejan y que velen por su presencia. Estamos en sus manos, es lo que hay.
