Después de más de año y medio de enfrentar las severidades ocasionadas por la pandemia de la Covid-19, las cuarentenas y largos confinamientos; la economía colombiana comienza a mostrar señales de recuperación productiva a pesar de los paros, bloqueos y actos vandálicos ocurridos en abril, mayo y junio del presente año; situación además agravada por un escenario fiscal deficitario, que no ha favorecido los indicadores macroeconómicos, ocasionado una reducción en la calificación de riesgos internacional, afectando el grado de inversión y la capacidad crediticia del país.
Esta situación de crisis socio-económica del país, ha generado un déficit presupuestal que se estima estará cercano al 8 % del Producto Interno Bruto –PIB- al cierre de la vigencia 2021, y será el peor en los últimos 20 años. Entre tanto, la inversión extranjera directa en Colombia disminuyó 14,4 % a julio de 2021; entre el periodo enero y julio del presente año entraron al país US$3.998,2 millones, cuando en el mismo periodo del 2020, había ingresado al país, alrededor de US$4.672,6 millones, afectando de manera directa la generación de nuevos empleos e ingresos tributarios al fisco.
Este panorama actual, genera grandes retos y oportunidades que el país debe saber aprovechar en lo que resta del actual gobierno; no es ajeno que la devaluación del peso colombiano en las últimas semanas ha caído alrededor de un 11 % frente al dólar, llegando a cotizaciones cercanas a los $ 4.000, ha afectado de manera directa a quienes viajan y realizan compras en el exterior, a los sectores importadores de bienes y servicios, agravando la situación de quienes tienen deudas en dólares, sin embargo, otros sectores se han visto beneficiados: los exportadores y las familias que reciben remesas del exterior, los cuales se ven favorecidos con este fenómeno de devaluación del peso colombiano.
La actual coyuntura de volatilidad de la moneda nacional, podría conllevar a un aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, para contener la inflación interna y evitar ataques especulativos del mercado de divisas. Así, como consecuencia del elevado déficit fiscal y la baja recuperación de la capacidad exportadora, se ha incrementado el déficit en la balanza comercial; las importaciones en Colombia sumaron US$4.922,9 millones CIF, lo que representó un aumento de 69,8 % con respecto a julio de 2020. Lo anterior, hace necesario tomar decisiones de política monetaria para estabilizar el déficit fiscal, controlar la devaluación, atraer mayor inversión, controlar el gasto público y aumentar las exportaciones, para moderar las presiones especulativas que genera el mercado cambiario.
Esta devaluación acelerada de la tasa de cambio, ha generado una presión inflacionaria que según algunos analistas económicos podría llegar al 4,2 % para fin de año, muy por encima de las metas del gobierno nacional y del Banco de la República, que han proyectado el 2.7 % al finalizar 2021, ocasionando un aumento desmedido en los productos de la canasta familiar y consecuentemente, una disminución en el consumo de los hogares colombianos.
Otro aspecto preocupante que merece la mayor atención, es que si bien la economía viene recuperándose en muchos sectores como el comercio, servicios, restaurantes, bares, transporte y turismo entre otros; el desempleo sigue con tasas elevadas si las comparamos con los niveles antes de la pandemia. La tasa de desempleo según el DANE “en junio del 2021, fue de 14,4 %, en junio pasado, en el país había 20,6 millones de personas ocupadas, 2,3 millones más frente al mismo mes del 2020, cuando hubo 18,3 millones de personas ocupadas” aunque hay una recuperación de empleos frente al año 2020, estamos lejos de llegar a un dígito en los próximos dos años.
Otra cifra importante que entregó el DANE, fue el de informalidad en las principales capitales del país, lo cual, para el “periodo comprendido entre abril y junio llegó a 47,3 % para las 13 ciudades y áreas metropolitanas y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,5 %. De acuerdo con el Dane, a nivel nacional se tiene registro de 5,3 millones de personas trabajando en la informalidad. En el mismo periodo de 2020, el número de informales en las 23 principales ciudades ascendía a 4,8 millones de personas, y la tasa de informalidad a nivel nacional se ubicaba en 46,3 %”, lo que indica un aumento de esta franja de población que en muchas ciudades supera hoy el 50 %, lo que eleva los índices de pobreza que hoy supera el 42.5 % de la población.
Existen desafíos importantes para este gobierno en su recta final: Fortalecer la política de inclusión laboral a los jóvenes y mujeres que han sido duramente afectados por la pandemia, estructurar una política pública de ayuda a la formalización de quienes se encuentran en la informalidad y también aquellos que les ha tocado liquidar sus pequeñas y medianas empresas; esto ayudaría a recuperar empleos en el corto y mediano plazo y a aumentar el consumo de los hogares, claro está, no deja de ser preocupante el elevado nivel de deuda del gobierno central, al pasar del 48 % del Producto Interno Bruto-PIB- antes de la pandemia del coronavirus, al 66 % en lo corrido del 2021 -un incremento de 18 puntos- situación que le resta capacidad de endeudamiento, para poder atender las inversiones en los sectores sociales, en los próximos años.
Es claro que los avances en el plan de vacunación del gobierno nacional, ha sido determinante en el proceso de reactivación económica, si logramos vacunar 40 millones de colombianos al finalizar este año y conseguir así la anhelada inmunidad de rebaño, se estima que, para esa temporada, la economía pueda crecer entre 7 y 7.2, mostrando un ritmo de crecimiento acelerado en comparación con algunos países de la región. Sin embargo, es imperativo avanzar en el proceso de inoculación de la vacuna, para generar mayor confianza en los agentes económicos y poder continuar por la senda de un crecimiento económico sostenido.
El Congreso de Colombia y los gremios productivos del país, tienen la responsabilidad inmensa en la presente legislatura de sacar adelante el nuevo proyecto de reforma tributaria que radicó el gobierno nacional y que apunta en gran medida a la austeridad del gasto público, protección de los más vulnerables y no afectar el bolsillo de la clase media. Este proyecto de reforma fiscal, busca recaudar 15,2 billones de pesos en el próximo año, tiene como propósito fundamental continuar con las políticas sociales, generar estabilidad de las finanzas públicas, reactivar la economía, recuperar la capacidad de inversión y crédito internacional.
Sacar adelante la reforma tributaria, es un acto de responsabilidad política con el país, que requiere la solidaridad de los distintos sectores empresariales, sociales y diferentes partidos representados en el Congreso; hacer politiquería y demagogia con este nuevo proyecto de reforma tributaria, es un acto de mezquindad con los más vulnerables del país y aquellos sectores que han sido duramente golpeados por la pandemia y requieren del apoyo decidido del gobierno nacional.
Al mismo tiempo, el gobierno debe acelerar los programas y proyectos de inversión en infraestructura vial que tienen financiación presupuestal asegurada y buscar otros mecanismos de financiación a través de recursos de regalías, para aquellos proyectos que no cuentan con presupuestos. Según algunos cálculos de analistas económicos, se podría utilizar el 10 % de las regalías disponibles, es decir, cerca de 3 billones de pesos, que se ejecutarían a nivel territorial, lo anterior, no solo ayudaría a reactivar los sectores empresariales asociados a la construcción de obras civiles, sino también, a la generación de más de un millón de nuevos empleos directos e indirectos.
Así, el país enfrenta grandes retos en medio de una profunda crisis social, económica y la polarización política, por los eventuales resultados de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022, hay una necesidad perentoria de superar los efectos devastadores de la pandemia en los diferentes sectores de la economía, impulsar la reactivación económica, generar nuevos empleos, superar los niveles de pobreza extrema que se han acentuado en los dos últimos dos años, generar confianza inversionista y aumentar la competitividad en los mercados.
El debate electoral que se avecina, comienza a “calentarse” y generar nervios por los resultados anticipados de las encuestadoras, que inciden de manera positiva o negativa en la intención de voto y toma de decisiones de los electores; esto obliga a los diferentes actores políticos a afinar sus estrategias de campaña, tomar decisiones políticas, para enfrentar al populismo y al candidato de la izquierda que hoy encabeza las encuestas de intención de voto, aunque parezca que llegó a su techo en intención de voto. Hoy se requieren propuestas audaces, realizables en el corto y mediano plazo por parte de los candidatos, que logren cautivar y convencer a un electorado, cada vez más exigente y bien informado, que requiere soluciones efectivas.
Las diferentes fuerzas políticas de centro-derecha, tienen una enorme responsabilidad con el futuro del país y la democracia, por ello, deben actuar con cautela, sentido de responsabilidad patriótica, sin egoísmos y personalismos, para en la segunda vuelta convenir mediante reglas claras, en la escogencia de un candidato único de consenso, que genera toda credibilidad, confianza de los colombianos, adelante las reformas estructurales que requiere el país, avance en un dialogo constructivo con las distintas fuerzas políticas en la construcción de una sociedad más equitativa, menos polarizada, lucha contra la corrupción y asegurar el crecimiento económico sostenido, que permita disminuir los niveles de pobreza que afronta el país. Muchos inversionistas nacionales y extranjeros están a la expectativa de los resultados electorales del próximo año, de ello, dependerá también el grado de inversión, la reactivación económica y evitar una fuga de capitales como la que se está presentando en Perú, por la elección del izquierdista Pedro Castillo. Estamos a tiempo de tomar las mejores decisiones por el bien del país.
Nota: Preocupa mucho el incremento de los homicidios, hurtos y uso de armas de fuego en la capital de la república. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad al comparar las cifras entre enero - julio de 2021 con el mismo periodo del año 2020, los homicidios se incrementaron en un 14.9 %, hurto a personas 19.7 % y hurto a celulares 16.7 % entre otros delitos, un grave deterioro -sin duda alguna-.de la política de seguridad ciudadana de la Bogotá de los últimos dos años. Esperemos que el cambio de actitud y reflexión de la alcaldesa frente al gobierno nacional y la fuerza pública, no sea una estrategia electorera y permita articular un mayor esfuerzo con el gobierno nacional, para focalizar acciones que contrarresten los altos niveles de inseguridad que afectan la tranquilidad ciudadana, recuperar el orden y autoridad.
