La Corte Internacional de Justicia emitió el esperado fallo sobre la demanda que Nicaragua había interpuesto contra Colombia en 2013, en el litigio que enfrenta a ambos países desde hace años por cuenta del archipiélago de San Andrés y Providencia. Según dicho tribunal, Colombia “debe cesar inmediatamente” las interferencias en aguas nicaragüenses. Dicho de otra forma, Colombia recibió un buen varapalo en la Corte de La Haya.
Es lo que entendería cualquier persona que use la lengua de Cervantes para comunicarse con sus congéneres. Cualquier persona menos los altos cargos de la administración colombiana. Para el presidente Iván Duque la Corte reconoció “el derecho de Colombia a navegar libremente en el área”, y para Carlos Gustavo Arrieta, representante colombiano ante la CIJ, el fallo es positivo y mantiene la posibilidad de que la Armada colombiana siga haciendo lo que ese tribunal dice que “debe cesar inmediatamente”.
La reacción oficial en Colombia ante el fallo de la CIJ muestra una desconexión entre la retórica oficial y la realidad, cosa que ha sido una constante a lo largo del ya agonizante gobierno de Iván Duque. Sin pretender faltarle al respeto, me atrevo a decir que sus opiniones en este asunto tan delicado ya no cuentan nada. A su gobierno le quedan escasos meses de gestión y las manifestaciones engreídas y desenfocadas sobre el fallo de La Haya de nada sirven a unos colombianos abandonados por el Estado, no solo en éste sino en otros gobiernos.
Qué tiene que ver aquí que Nicaragua sea “una dictadura que en este momento es rechazada globalmente, es rechazada por la persecución a la oposición, es rechazada por el cierre de universidades”, como ha dicho Duque tras conocer el fallo. “Nosotros no vamos a conectar con ese régimen”, remató. Ya lo digo, desconectado por completo de la realidad.
¿Y cuáles son los hechos duros, incontestables, de este fallo? Pues que Colombia no tiene “derecho ni a explorar, ni a explotar, ni a administrar, ni a conservar, porque eso lo hace el Estado ribereño (Nicaragua)”. La CIJ dice que ni siquiera la protección la Seaflower (reserva de la biosfera en el archipiélago) “le permite a Colombia obstruir el paso y pesca de navíos nicaragüenses en zona económica exclusiva de Nicaragua” porque la Seaflower ya quedó partida por fallos anteriores. Y que “la obstrucción a navíos nicaragüenses por parte de la Armada colombiana en aguas de zona económica exclusiva viola el derecho consuetudinario internacional”.
Basta ver el mapa con el reparto que hizo un fallo anterior de la CIJ por el que Colombia perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar, para hacerse una idea de la dramática situación en que queda la población raizal del archipiélago. Ésa es la realidad y no las declaraciones veintejulieras.
Por eso ahora lo que cuenta en este asunto es la opinión de los candidatos a la presidencia. El que resulte elegido debería enfrentar esa situación; empleo el condicional porque nada hace pensar que en el futuro, se aborde desde Bogotá el tradicional abandono de esas islas colombianas en el mar Caribe.
El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, reconoce que se prohíbe a Colombia “toda actividad como país en ese mar que era nuestro” y que buscará un acuerdo bilateral con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para “recobrar los derechos de pesca de la comunidad raizal”. Y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, coincide con Petro en buscar vías diplomáticas con Nicaragua para garantizar el derecho a la pesca de las comunidades. Es la postura más sensata, la única viable por lo demás ante el actual estado de cosas.
En cambio Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, se lanzó, al conocer el fallo, a la laguna de la demagogia, como Duque: “Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura” y por tanto, “con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos”, dijo el candidato del uribismo embozado sobre este asunto.
Y no sé que resulta más patético, si esta declaración veintejuliera o la lectura que ha hecho ante los medios de su reacción por el fallo en La Haya, que retrató de cuerpo entero a un candidato que ante semejante situación, fue incapaz de improvisar un discurso coherente y tuvo que recurrir al papel que le escribieron seguramente sus asesores. Eso no se lo habrían permitido ni a un alumno de bachillerato en un examen.
