El CTI de la Fiscalía capturó a la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco por presuntas irregularidades en la contratación de obras de infraestructura y que fueron financiadas por el cobro de valorización en Armenia.
Junto a Valencia también fue detenido su esposo Francisco Javier Valencia y otros cinco exfuncionarios que trabajaron durante su administración.
Valencia Franco es sindicada por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
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Cuando Luz Piedad Valencia se desempeñaba como alcaldesa de Armenia en el periodo 2011- 2015 lideró varios proyectos de infraestructura y transformación vial que fueron cuestionados posteriormente por empresarios de la región que denunciaron irregularidades en el proceso de contratación.
En 2014 Valencia presentó ante el Concejo de Armenia un ambicioso proyecto de varias obras que pretendía autorizar la ejecución de varias obras en esa ciudad a través de un cobro por valorización.
Ese mismo año se autorizó el proyecto y entre abril y mayo la alcaldía delegó esas obras a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) por medio de contratos administrativos. El primer contrato se celebró por 30.000 millones de pesos el 21 de julio de ese año, cuando todavía no se había efectuado el recaudo, y su objeto era la realización de cuatro obras viales.
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Según la Fiscalía, “En el expediente se acredita a través de prueba testimonial y documental que desde el año 2014, Francisco Javier Valencia Salazar y el contratista de las obras de valorización, Fernando Díez Cardona, habrían convenido la manera de adjudicarle los contratos de obra pública a las empresas de este último, a cambio de que se le entregara al esposo de la entonces mandataria local el 10% del valor de cada uno de los contratos de obra pública e interventoría y el 100% de los contratos de consultoría de diseños".
Esta presunta conducta delictiva fue reconocida por el propio contratista de las obras en dos interrogatorios surtidos luego de su captura en días anteriores, ante la fiscal de conocimiento en Medellín”, precisó Martínez.De ese contrato inicial solo tres de las cuatro vías proyectadas están listas; mientras que, según El Fiscal general, para el segundo contrato se entregaron 80 mil millones de pesos, para la construcción de seis obras de infraestructura urbana que a la fecha tienen un avance inferior al 10%. Además, de acuerdo con la investigación, el dinero de el segundo contrato había sido utilizado para la terminación del primero. “El adelanto del segundo contrato, sirvió para ejecutar las tres obras del primer contrato. Los contratos fueron formalizados sin que hubiera siquiera diseños, pues estos fueron realizados por el mismo contratista de la obra posterior a la firma del contrato, y el segundo contrato fue suscrito sin que existiera disponibilidad presupuestal”, dijo el Fiscal general. La evidencia apunta a que los pagos habrían ascendido a los 14.000 millones de pesos, suma que forma parte del detrimento patrimonial que se hizo sobre el presupuesto por valorización. Los pagos ilícitos se habrían realizado en efectivo en Armenia y Medellín a Sebastián Congote Posada y Aura María Saldarriaga, funcionarios de Edua, y estos dineros llegarían finalmente a la Luz Piedad Valencia y su esposo.
