La audiencia de imputación de cargos a Fabio Augusto Martínez, el fiscal señalado por haber participado en una red de interceptaciones ilegales, dio como resultado que el acusado deberá estar recluido en la cárcel mientras se adelanta el resto del proceso.
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A un día su detención, el fiscal se enfrentó a una jueza de garantías quien escuchó los argumentos brindados por la institución a la que el sentenciado perteneció alrededor de treinta años.
Al procesado le imputaron los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización de comunicaciones.
Todos estos delitos habrían sido cometidos con el fin de interceptar ilegalmente a miembros del la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), conocido como el sindicato de Avianca; y al presidente del grupo Enel-Codensa.
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Adicionalmente, las autoridades investigan si otras personas también fueron víctimas de interceptaciones ilegales. Por el momento han determinado que siete números telefónicos fueron chuzados.
Martínez y otros miembros de la Fiscalía habrían desviado investigaciones en curso, que al parecer sí contaban con licencias legales, para favorecer a terceros con la información recolectada. También habrían conseguido las licencias de jueces para investigar a supuestos miembros de grupos delincuenciales; sin embargo, los números telefónicos presentados no eran de tales personas sino de sus víctimas.
La Sala Diamante de la institución habría sido utilizada con estos fines.
En diciembre fue judicializado Luis Carlos Gómez, coordinador de la mencionada sala. La Fiscalía anunció que buscan determinar quiénes más participaron y a quienes estaban favoreciendo con esto.
En el procedimiento adelantado en el juzgado 15 de garantías, la togada tratante legalizó la captura y el implicado no aceptó los cargos.
