El 12 de septiembre se sabrá la suerte de Keiko Fujimori

La Corte Suprema de Perú tendrá una sentencia sobre el recurso de casación contra la prisión preventiva de la exlegisladora Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) cuando la magistrada dirimente

La Corte Suprema de Perú tendrá una sentencia sobre el recurso de casación contra la prisión preventiva de la exlegisladora Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha) cuando la magistrada dirimente en la cuestión exprese su decisión el 12 de septiembre. "La jueza suprema provisional, Susana Castañeda Otsu, informó hoy que emitirá el 12 de setiembre a las 3 p.m. su voto sobre el recurso de casación interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para dejar sin efecto la prisión preventiva que cumple desde noviembre del año pasado", publicó el diario El Comercio. Castañeda escuchó el miércoles los alegatos de la defensa de Fujimori y anunció que se pronunciará sobre el tiempo que Fujimori deberá permanecer en prisión, pero no sobre su liberación.

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"Usted sabe que no voy a poder, como magistrada dirimente, pronunciarme sobre los presupuestos de la prisión preventiva porque cinco votos han dicho que es conforme. Lo que vamos a ver es el plazo (de la prisión)", dijo Castañeda a la abogada de Fujimori, Giuliana Loza. Fujimori se encuentra encarcelada preventivamente por 36 meses, investigada por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. El 8 de agosto, la Corte Suprema, compuesta por 5 jueces, se pronunció sobre el recurso de casación de Fujimori. En dicha audiencia, 2 magistrados declararon infundado el recurso y 3 afirmaron que la prisión debería reducirse a 18 meses. Ninguno se mostró a favor de declarar fundado el recurso de casación y excarcelar a Fujimori.

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Para alcanzar consenso y lograr una sentencia, la Corte Suprema debe alcanzar un mínimo de cuatro votos a favor de una posición. Ante la falta de consenso, se decidió convocar a un magistrado extra que pueda dirimir la cuestión. La líder de Fuerza Popular es investigada por la Fiscalía por haber recibido dinero ilícito de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011, lo que configuraría delito de lavado de activos