No solo después de 31 años se desconoce quiénes exactamente produjeron el fuego que desembocó en lo que se conoce como el Holocausto del Palacio de Justicia, también ahora debemos dudar de la identificación de las víctimas del hecho, de aquellos que pudieron ser entregados a familiares sin los debidos protocolos o fueron enterrados con la ausencia y desconocimiento de sus seres queridos.
El nuevo caso relaciona al magistrado auxiliar Julio César Andrade, enterrado en Barranquilla después del hecho, y quien supuestamente fuera encontrado calcinado e identificado por su hijo tras detallar el documento de identidad encontrado junto al cadáver.
En el lugar en el que debería estar descansando Andrade, según Medicina Legal y la Fiscalía, estaría Héctor Jaime Beltrán, uno de los desaparecidos de la cafetería del Palacio.
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Andrade y Beltrán son de los más recientes casos de las personas revictimizadas por las fallas en el levantamiento e identificación de cuerpos tras la toma del Palacio por parte de la guerrilla del M19, y la retoma realizada por el Ejército colombiano, en noviembre de 1985.
Desde 2014, luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el que condenó al Estado colombiano por la desaparición y tortura de por lo menos 11 personas, la Fiscalía general de la Nación ha exhumado 25 de los cuerpos para identificarlos plenamente, descubriendo que algunos de ellos no son los que deberían ser y otros no están donde deberían estar enterrados.
De esos cuerpos 16 han sido identificados, 8 entregados a familiares y otros como los restos del magistrado Pedro Elías Serrano o de Carlos Rodríguez, siguen estando ausentes.
El fallo de la Corte obliga al Estado a la identificación correcta de los muertos y entrega a sus familiares, además de investigar los casos de tortura.
Es en estos casos donde los posibles victimarios han tenido más visibilidad. 12 casos que la Fiscalía ha investigado y llevado ante jueces colombianos.
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Los más sonados, dentro de la institución, los del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. Al primero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió considerando que no había pruebas que lo vincularan directamente con las desapariciones. El segundo, Cabrales, condenado a 35 años por desapariciones, se le relacionó con la Justicia Especial para la Paz (JEP), aunque señaló que una vez se expidan las normas y decretos que regulan la JEP decidiría si se acoge o no al sistema.
Al M19 se le concedió el indulto en estos casos como producto de los acuerdos desarrollados en el proceso de paz a inicios de los 90.
