Este lunes 1 de abril será un día clave para la suerte de José Elías Melo Acosta, uno de los principales implicados en el caso de corrupción de Odebrecht. Luego de las pruebas que presentó la Fiscalía, las consideraciones de la Procuraduría y los argumentos expuestos por la defensa, será un juez de la República quien tendrá en sus manos la decisión de definir si Melo, como presidente de Corficolombiana, es culpable o no de los delitos de cohecho e interés indebido en la ejecución de contratos de la firma brasilera en el país.
Andrés Charry, docente y político, le dijo a KienyKe.com que después de las declaraciones que dio a la justicia colombiana Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soarez, exrepresentantes de Odebrecht en Colombia, queda "absolutamente claro" que Melo Acosta tenía conocimiento del soborno de 6,5 millones de dólares entregado al exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, para que la multinacional se quedara con la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo II.
Aseguró que lo más importante es que a través de esa condena contra Melo, también se puedan empezar a esclarecer los hechos que rodean todo este escándalo corrupto y que se encuentre todo el dinero que se perdió después de él.
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"Es fundamental que Melo sea condenado y que sea en la picota pública, en la cárcel, sin tener derechos. Es un peligro para la sociedad. Ellos manipularon contrataciones y transgredieron derechos. Eso tiene que ser un detonante para la aparición del dinero que está perdido", dijo.
"Es importante para saber cuál fue la linea colaborativa que tuvieron otros miembros de Odebrecht, Corficolombiana y Grupo Aval", agregó.De otro lado, el abogado José Roberto Acosta señaló que más allá de opinar del por qué Melo Acosta debe ser condenado, "hay pruebas suficientes que lo incriminan en este pacto ilegal". Una de las que nombró, además de los testimonios de 'los tres Luises', es la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2018, cuando formuló pliego de cargos contra las personas y empresas vinculadas en la construcción del tramo II de la vía, por "presuntamente incurrir en varias prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica durante la estructuración y adjudicación". Asimismo, resaltó el fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de Odebrecht y sus socios: Episol, como filial de Corficolombiana, y el grupo Solarte, luego de una acción popular interpuesta por la Procuraduría General, decisión que los inhabilitó por diez años para contratar con el Estado y el pago de 800 mil millones de pesos por indemnización por los hechos de corrupción.
"Ya no es una cuestión de opiniones. El fallo de este Tribunal deja en evidencia que procesal, jurídica y probatoriamente, José Elías Melo tenía conocimiento pleno de lo sucedido con los sobornos entre Odebrecht y García Morales", mencionó.José Roberto Acosta señaló que, si una entidad administrativa como la Superintendencia de Industria y Comercio pone en evidencia que él sí está involucrado y el Tribunal también los sanciona, "es más que lógico que en materia penal se mantenga la misma línea de condenarlo por estos indignantes hechos de corrupción".