Los cargos que le imputaron al exalcalde Rodolfo Hernández

Publicado por: admin el Sáb, 08/02/2020 - 02:17
El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández acudió el viernes al Palacio de Justicia de esa ciudad para cumplir con el proceso que se adelanta en su contra por presuntos hechos d
El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández acudió el viernes al Palacio de Justicia de esa ciudad para cumplir con el proceso que se adelanta en su contra por presuntos hechos de corrupción en su administración. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos porque, al parecer, el exmandatario habría ejercido su poder para direccionar el otorgamiento de una consultoría. El contratista que se habría beneficiado de esta decisión es Jorge Hernán Alarcón Ayala. El ente investigador aseguró en la audiencia que Hernández le dio "a dedo" el contrato de consultoría 096 de 2016 por un valor de 336 millones de pesos. El proyecto, suscrito por la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), tenía como objeto asesorar sobre el procedimiento adecuado para el manejo de las basuras en el sitio de disposición final El Carrasco. Hernández no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Al salir de la diligencia judicial aseguró que es víctima de una persecución política y que no hay pruebas que demuestren que es responsable de estos hechos. El exalcalde enfrentará su proceso en libertad.  https://twitter.com/ingrodolfohdez/status/1225858547998740486 A las misma audiencia estaba citado Luis Carlos Hernández Oliveros, su hijo. Sin embargo, la Fiscalía indicó que dicha diligencia se realizará en otra etapa de la investigación. Los otros involucrados en el caso son: el exgerente de la Emab José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de la Emab, Rubén Enrique Amaya; el exdirector jurídico de la Emab, César Fontecha; al exsubgerente técnico y operativo de la entidad, Abelardo Durán Leiva; y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. El ente investigador les imputó cargos por falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.