Entre 2016 y lo que va del 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió 688 procesos para restablecerle los derechos a niñas, niños y adolescentes que han sido explotados sexualmente en el país.
Bogotá es la ciudad con mayor número de casos con 145, seguido de Antioquia con 112, Bolívar con 56, Valle del Cauca con 50, Atlántico 38, Córdoba 37, Caldas 32, Risalada 31, Meta 21, Huila 19, Cundinamarca 18, Madalena 18, Tolima 16, Cesar 14, Boyacá 12, Amazonas y Nariño con 11 cada uno, Cauca y Quindío con 7 casos cada uno, Santander y Sucre con 6 casos cada uno, Caquetá y La Guajira con 5 casos cada uno, Guaviare y Norte de Santander con 3 casos por departamento, Chocó y Putumayo con 2 casos por departamento y un caso en Arauca, según indicó el ICBF.
En el 2017 la entidad registró que 14 niños y niñas entre 0 y 5 años, 46 entre los 6 y 11 años y 237 entre los 12 y 17 fueron víctimas de explotación. Las mujeres y niñas son las más sometidas a este tipo de violencia con una cifra del 85%.
“Esta cifra demuestra los peligros a los que están sometidas nuestras niñas y adolescentes, para nosotros como ICBF es claro que la primera línea de protección es la familia”, aseguró la Directora General, Karen Abudinen Abuchaibe.
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"Nuestros niños no están para complacer a nadie. Los niños son para protegerlos. La explotación sexual no es turismo, es un crimen abominable. No podemos permitir que las niñas, niños y adolescentes sean esclavizados", señaló Abudinen, luego de destacar el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en este esfuerzo.
Sin embargo, ante las altas cifras que se registraron el Estado ha realizado diferentes esfuerzos en contra de este crimen con instrumentos jurídicos, planes de acción, programas, proyectos como la definición de la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA).
En la actualidad está el programa que se maneja desde el Comité Consultivo para la Prevención de la Explotación Sexual, liderado por el ICBF, la Procuraduría General, los ministerios de Trabajo, Mintic, Industria y Turismo, la Policía Nacional, UNICEF y la Fundación Renacer, en una mesa para la construcción de una política pública que articule esfuerzos en la prevención y erradicación de este delito.
