KienyKe.com conoció la denuncia de varios defensores públicos que alegan que a hoy, 22 de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo no les ha cancelado los hon
KienyKe.com conoció la denuncia de varios defensores públicos que alegan que a hoy, 22 de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo no les ha cancelado los honorarios correspondientes al mes de diciembre de 2019.
Los funcionarios también reclaman que se les pague de la misma forma que a los demás actores del Sistema Penal Acusatorio, pues aseguran que actualmente asumen el 80 % de las defensas penales en Colombia, que las condiciones para trabajar son "indignas" y que la remuneración no se acomoda a la cantidad de labores asignadas.
¿Quiénes son los defensores públicos y por qué son tan importantes?
Olbar Andrade explicó a este medio que los defensores públicos son juristas encargados de asumir la defensa de las personas sindicadas de cometer un delito y que no tienen los recursos necesarios para contratar a un abogado privado. Indicó que estos funcionarios ganan un poco más de 4 millones de pesos y que son contratados por prestación de servicios. Aseguró que de esos honorarios tienen que costear gastos como la salud, pensión, copias de los procesos, desplazamientos y todos los demás trámites. [single-related post_id="1238901"] Andrade dijo que la carga laboral para un defensor público en Colombia es "muy pesada y mal paga". Mencionó que en la Ley 941 de 2005 (por la cual se organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública) se estableció que cada uno de ellos asumiría 40 procesos. Sin embargo, afirmó que en la realidad cada defensor tiene que responder, en promedio, por 100 procesos. "La diferencia de los salarios con los fiscales, procuradores y jueces es enorme; ellos reciben por lo menos nueve millones. Cuando llevas 100 procesos encima no te queda tiempo para nada más. No hay posibilidades de que un defensor público cumpla su trabajo en condiciones de dignidad", manifestó. [caption id="attachment_1240464" align="alignnone" width="960"]Denuncian condiciones indignas
El abogado Luis Fernando Becerra aseguró a KienyKe.com que los demás miembros del Sistema Penal Acusatorio ven a los defensores públicos como "los más pequeños y menos importantes". Además, dijo que las condiciones son "terribles y absolutamente atentatorias de los derechos humanos". "El defensor público ha sido tratado de forma discriminada. Abusan de sus horarios, hacen turnos de 16 horas en las Uris, manejan un volumen de procesos absolutamente desbordados y les pagan cuando se les da la gana. La Defensoría no les han pagado desde el 12 de diciembre, sin tener en cuenta que el principio de año es una fecha trivial para todos", señaló. [single-related post_id="1237957"] Becerra indicó que, como los contratos por prestación de servicios para los defensores son a tres años, sus ingresos comienzan a devaluarse con el paso del tiempo. Para él, esto un despropósito total contra la dignidad de un profesional que está igual de preparado que un juez o un fiscal."¿Qué pasaría si los defensores decidieran no volver a prestar el servicio? ¿En dónde quedaría entonces el servicio esencial de la justicia? ¿Cómo se defendería la ciudadanía que no tiene recursos para contratar a un abogado que le permita realizar una buena defensa?", cuestionó.Varios miembros del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia le han expresado a los defensores públicos de todo el país su apoyo. "Los defensores prestan una labor fundamental en el Estado Social de Derecho. Son los que defienden a quienes no tienen recursos para pagar un abogado privado, lo mínimo que pueden hacer es garantizarles medios, recursos y condiciones dignas para ejercer esa labor", dijo el abogado Miguel González a KienyKe.com. https://twitter.com/CPenalistas/status/1220027589122719745 La Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (Asdep) anunció que el próximo martes 28 de enero cesarán actividades para manifestarse por: pago oportuno, nivelación de honorarios, dignificación de oficinas en la que se presta el servicio y la atención a la sobrecarga procesal.