En la noche del pasado jueves 28 de marzo, un joven se acercó al propietario de un establecimiento comercial en el barrio Santa Lucía, occidente de Medellín. Lo observó con calma, analizó la situación y luego, sin pensarlo dos veces, desenfundó un arma de fuego y con seis disparos acabó con la vida del hombre y con la del otro individuo que trabajaba en ese lugar. El asesinato perpetrado por el menor conmocionó a la población del sector. Su atroz crimen quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Su captura fue casi inmediata. Al día siguiente, la atención de la ciudadanía no solo se centraba en el problema de los homicidios en la ciudad, sino en que el victimario de este caso no iba a tener ninguna responsabilidad por lo ocurrido ya que había sido considerado inimputable, pues se dijo al principio, que apenas tenía 13 años de edad.
Con el paso de los días, se conoció que el menor había cumplido 14 años el pasado diciembre y que al momento de su captura había presentado un documento de identidad de su hermano menor, lo que había dado espacio a la confusión. Con esto, sí puede ser partícipe de un proceso judicial, pero este es diferente al que se le hace de manera regular a un mayor de edad.
El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago le explicó a KienyKe.com que en el sistema penal colombiano existen varios límites de edad que marcan diferencias en la responsabilidad de un criminal. Según dijo, la primera va hasta los 13 años, es decir, "una persona que no haya sobrepasado esa edad y perpetre un crimen únicamente va a pasar por un procedimiento conocido como restablecimiento de derechos”.
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Mencionó que con esto el menor no entra a un proceso ni tiene una sentencia condenatoria, solo pasa a ser atendido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y es sometido a terapias y programas de rehabilitación.
Mendoza Diago señaló que una vez un menor cumple los 14 años, entra a actuar el sistema penal de infancia y adolescencia, que se aplica hasta que se cumplan los 18 años. Entre estas edades, alguien que haya cometido un delito tiene beneficios como: "la imposición de penas no tan severas, pues no son declarados plenamente como responsables, y pueden haber otros beneficios como el cumplimiento de su pena en lugares diferentes al centro de rehabilitación".
El pasado viernes el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que el menor señalado de los dos asesinatos había estado involucrado en al menos otros diez homicidios y que en lo que va corrido del año otros 600 menores han sido detenidos.
En este caso, si los demás asesinatos fueron cometidos antes de que el joven cumpliera los 14 años, no serán considerados reincidentes, aseguró Mendoza, "pues sobre él no pesarían antecedentes penales, ya que no hay sentencias condenatorias".
Para prevenir que los grupos armados ilegales hagan cometer delitos a infantes, la ley establece sanciones para aquellos mayores de edad que los utilicen.
“Cuando una persona usa como instrumento para cometer delitos a un menor de 14, a un trastornado mental o induce en error a una persona, toma el nombre técnico jurídico de autor mediato (...) si la persona instrumentalizada sabe lo que está haciendo ya no habría autoría mediata sino instigación o determinación”, explicó Mendoza.
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Las sanciones impuestas ante estos instigadores, si superan los 18 años de edad, pueden ser imputados con los delitos que cometió y pagar la sanción correspondiente. "Si la pena que pudiera merecer ese delito fueran 50 años, 50 años se le pone al determinador. Lo que pasa es que ellos se esconden, ya para efectos prácticos de la investigación penal, tras el menor de edad y él difícilmente los va a delatar. El problema es que le advierten al menor ‘tu puedes hacer esto, no vas a ir mucho tiempo a la cárcel, te vamos a dar dinero a tu familia, etcétera, entonces vas a estar tranquilo'", explicó.
Finalmente, afirmó que por ese motivo muchas veces los jueces no reciben una prueba técnica para condenar a estos determinadores, coloquialmente conocidos como autores intelectuales.
