¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales?

Apenas han pasado 34 días del 2019 y ya van 20 líderes sociales asesinados. A pesar de los innumerables esfuerzos, todavía no hay una solución concreta y efectiva que frene esta problemática y día a día la preocupación crece por la inseguridad que ronda en los territorios, afectando a las personas que ejercen el trabajo social en el país.  Para muchos el primer paso a dar para solucionar este fenómeno es identificar a los culpables. Nueve organizaciones ahondaron en esta tarea y el próximo 6 de febrero darán a conocer el informe "¿Cuáles son los patrones?", un estudio que revela quiénes son los presuntos criminales detrás de estos asesinatos, cuáles serían las principales causas y su magnitud en el periodo posterior a la firma del Acuerdo de Paz.  [single-related post_id="1014892"] Camilo Bonilla, coordinador del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones autoras del documento, habló con KienyKe.com y contó algunos de los detalles más destacados de este estudio y sus resultados, en medio de un proceso que no busca dar la cifra exacta del número de líderes sociales asesinados, sino determinar, entre un número de casos, elementos en común que permitan identificar patrones.  El experto señaló que estos datos se identificaron a partir del análisis de elementos similares en cada crimen en cuanto a su naturaleza, víctima, tipo de victimario y su modus operandi. Uno de los principales hallazgos es que estos atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es que son "repetitiva, invariable, continua, perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria", según dijo el experto.

"El asesinato en contra de estas personas es un ejercicio de violencia que no es accidental ni fortuito; está dirigido a una población civil concreta. Un fenómeno que tiene una alta tendencia al aumento desde el 2016 hasta ahora".

Según Bonilla, entre las principales víctimas se encuentran pertenecientes a juntas de acción comunal, líderes de las comunidades, campesinos, reclamantes de tierras,  de organizaciones políticas, sindicalistas, afros, indígenas y de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Los presuntos victimarios

Camilo Bonilla explicó que esta investigación se basó en 257 casos específicos para identificar los patrones. Dejó en claro que la autoría expuesta en este documento se denomina como "presunta" debido a que es con base a denuncias registradas por organizaciones sociales que han hecho intervención, pero que "no han sido definidas por parte de procedimientos judiciales".   Dijo que en el 45,91% de los casos, es decir 118 crímenes, no se pudo establecer responsables. En cuanto al 13,61% (35 casos) se determinó que se trata de un grupo armado por la características de los homicidios, pero no se sabe cuál es. [single-related post_id="1026183"] "Lo que dice la comunidad es que son hombres vestidos de camuflado, con armas largas. Pero todavía no están identificados como pertenecientes a cierto grupo. Esta es una situación de terror y confusión a lo largo del territorio nacional", mencionó.  Respecto al otro 41,24% de los asesinatos registrados (106 víctimas), Bonilla indicó que se logró presumir un autor a estas violaciones a la vida. El 17,12% de las ejecuciones (44 sucesos reportados) están atribuidas a grupos paramilitares, caracterizados por su composición estructura, dinámicas, discurso, ideología y tipo de víctimas, entre ellos: "enemigos internos, ganaderos y comerciantes que no pagan vacunas o gente considerada como merecedores de algún castigo".

"Estos grupos paramilitares están contratando bandas organizadas de delincuencia local para que lleven a cabo estos asesinatos", agregó.

De otro lado, resaltó el gran crecimiento numérico y expansión territorial de grupos disidentes de las Farc, configurados como un nuevo actor en este fenómeno de violaciones a los líderes sociales. Según Bonilla, estos fueron los presuntos culpables de 19 casos, es decir del 7,39%. También se detalló la participación de agentes de la Fuerza Pública como presuntos autores de 14 violaciones del derecho a la vida. El 5,44% de los casos del Ejército Nacional (11 víctimas) y tres en manos de la Policía Nacional. Asimismo, al Ejército de Liberación Nacional (Eln) se le atribuyeron ocho crímenes (3,11%), a grupos de seguridad privada cuatro (1,55%), dos al Epl (0,77%) y otros 15 casos (5,83%) a civiles que fueron capturados y cuya pertenencia a algún grupo está por esclarecer.  [caption id="attachment_1027425" align="alignnone" width="1225"] Fuente: "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo".[/caption] Entre las principales conclusiones generales de este informe, alguno de los patrones encontrados de esta investigación, según el experto, es que en la mayoría de estos asesinatos se llevan a cabo, en la modalidad de sicariato con armas de fuego, en los hogares o lugares de trabajo, lo que denota actividades de "identificación, seguimiento y planeación por parte de los victimarios". Además señaló que son "asesinatos selectivos" y que en ocasiones son antecedidos con amenazas a las familias o a los allegados para que cesen las denuncias y las alertas sobre sus actuaciones delictivas.  Finalmente, el investigador resaltó que esta situación se presenta en la mayoría de los  departamentos del país y que por eso "hay que prender las alarmas y tomar acciones efectivas", especialmente en: Antioquia, Córdoba, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar, Caldas, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.