532 líderes sociales fueron asesinados en siete años

532 líderes sociales fueron asesinados en siete años

1 de marzo del 2018

Un reciente informe entregado por ‘Somos Defensores’, un Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, revela la dura realidad de estos líderes sociales en Colombia desde el año 2009 hasta el 2017.

Este documento señala que en los  últimos siete años, 532 líderes sociales fueron asesinados, de estos 106 asesinatos se presentaron el año anterior, es decir, que cada tres días fue asesinado un defensor de derechos humanos en el país, siendo las zonas rurales, en donde más se presentaron estos homicidios, las más vulnerables.

“Los defensores de derechos humanos son asesinados con mayor frecuencia en las mañanas y en las noches; en zonas rurales, dentro de sus casas, alrededor de ellas o cuando se transportan. Igualmente hay una presencia marcada a que se afecte a terceros en el asesinato de defensores. Y por último, el asesinato de estos activistas se ejecuta en la mayoría de casos con el uso de armas de fuego”, advierte el informe.

‘Somos Defensores’ – entidad de la que hacen parte Benposta Nación de Muchachos, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación MINGA- señaló que los departamentos donde ocurrieron más asesinatos fueron: Cauca, con 18 casos; Antioquia, con 14; Valle del Cauca, con ocho; Chocó, siete, y Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, cada uno con 6. Asimismo indicó que en otros como Risaralda, Bolívar,  Meta, Huila y Arauca también se presentaron crímenes sobre defensores de derechos humanos.

El informe además añade que “todos los estudios determinaron que la mayoría de estos homicidios corresponden a defensores relacionados con la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, Juntas de Acción comunal de zonas rurales), y en precarias condiciones económicas”.

Para ‘Somos Defensores’, como presuntos responsables de estos crímenes aparecen desconocidos en 86 de los casos, grupos de narcotraficantes y de origen paramilitar, en nueve, miembros de la fuerza pública, en cinco; ELN en tres; la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), en dos, y las disidencias de las FARC , en uno.

Es por eso que pidió a la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad hacer seguimiento a los programas relacionados con la implementación de los acuerdos de Paz y su alineación con el plan de gobierno, así  como “asumir un papel más activo en la promoción de los derechos humanos”.

Por último esta organización señaló que lo más preocupante es la impunidad de estos casos, que en muchas veces supera el 80%.