¿Qué pasó realmente en el intento de detener al hijo del Chapo?

19 de octubre del 2019

Ese día Culiacán (México) vivió en medio de la extrema violencia.

¿Qué pasó realmente en el intento de detener al hijo del Chapo?

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Una situación inédita de violencia se vivió en Culiacán, la capital sinaoloense, cuando grupos paramilitares la sitiaron el 17 de octubre como respuesta al intento de detener al hijo del Chapo Guzmán. Sputnik conversó con un periodista local, quien recordó al respecto la reciente visita del director de la agencia antidrogas de EEUU.

Según la información que han presentado las autoridades, la balacera se saldó con ocho personas muertas y 16 heridos. “Es la primera vez que vivimos algo así”, señaló a Sputnik Marcos Vizcarra, reportero de investigación de Culiacán con vasta experiencia en la cobertura de la violencia y sus efectos en esa zona del noroeste de México.

Aunque Sinaloa siempre ha sido una zona militarizada desde el comienzo frontal de la guerra contra el narcotráfico a finales de 2006, la toma de Culiacán por hombres armados que circulaban en convoyes de camionetas, baleando oficinas públicas y las casetas de peajes para luego cerrar los accesos a la ciudad —así como los tres puentes que la comunican internamente— con vehículos prendidos fuego, “fue una escena novelesca, que comprendimos luego de dos horas de enfrentamientos, cuando dejaron al hijo del Chapo suelto”, contó el periodista.

Vizcarra relató que recién hacia la medianoche del viernes, el 18 de octubre, se recuperó el acceso vehicular a la ciudad, pero que un día después de los hechos, la ciudad seguía paralizada.

“No hay transporte urbano o es muy escaso. No hubo clases, muchas empresas no abrieron, ni siquiera la plaza comercial más importante de Culiacán. Estamos asustados, toda la vida se suspendió”, relató el periodista.

¿Cómo fue el intento de detener a Ovidio Guzmán López?

Aunque la primera información oficial indicó que el episodio inició cuando un convoy militar que patrullaba por Culiacán fue agredido con armas de fuego desde un domicilio particular, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la desmintió en la conferencia de prensa del 18 de octubre, que dio junto al Gabinete de Seguridad.

Tanto Durazo como el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dijeron a la prensa que se trató de un operativo liderado por la “Policía ministerial militar y la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional, con entre 30 y 35 elementos”.

Los Secretarios explicaron que aunque se cuenta con una orden de aprehensión vigente contra Ovidio Guzmán, no tenían la orden de cateo necesaria para ingresar al domicilio del hijo del capo.

“Me tocó cubrir cuando capturaron al Chapo en Los Mochis (una localidad al norte de Sinaloa) y tenían las dos órdenes: la de aprehensión y la de cateo del lugar. Pero esta vez, teniendo solo la orden de aprehensión dijeron ‘vamos a lanzarnos’ y ahí estuvieron esperando, hasta que los empezaron a atacar”, dijo Vizcarra.

Otro hecho particular sucedió a la par de las balaceras en Culiacán y fue la fuga de 55 presos del penal de Aguaruto, de los que 49 continúan prófugos.

“Lo peor fue que ninguna autoridad salía a dar explicaciones hasta que lo hizo el secretario Durazo en la noche, diciendo que ya todo estaba tranquilo cuando aquí veíamos que no era cierto. No tuvimos información hasta hoy y la que tenemos es raquítica y hasta contradictoria”, señaló el periodista.
Vizcarra explicó que durante el trabajo de reportero que realizó en la mañana del viernes el 18 halló evidencia de más personas fallecidas que no fueron mencionadas por las autoridades en el parte oficial. “No es creíble su versión”, sostuvo refiriéndose a la cifra oficial de 8 muertos, entre los que se cuentan 3 policías y 5 paramilitares.

¿Hubo participación de EE.UU. en este operativo?

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de la mañana del viernes el 18 que el operativo se montó en torno a una “orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal”.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio Guzmán López y a su hermano mayor, Joaquín, por conspirar para “distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares” hacia EEUU durante 10 años, entre abril de 2008 y abril de 2018.

El secretario de Defensa, general Sandoval, lo refrendó a su vez, agregando que se trató de “una acción directa” en cumplimiento de ese pedido, pero del cual no se había informado a los superiores y a la que calificó como “precipitada” y “sin consenso de mandos superiores”. Y afirmaron que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue tomada por el Gabinete de Seguridad, buscando que cesara la toma de la ciudad por los grupos armados.

No mencionaron nada acerca de una posible ilegalidad de la detención como motivo de su liberación, al haberse realizado sin tener la orden de cateo necesaria para validarla en el proceso penal.

Sin embargo, las preguntas que se quedan sobre los acontecimientos en Cualiacán provocaron ciertas suposiciones, por ejemplo, que este operativo que puso en jaque a más de un millón de habitantes de esta ciudad norteña podría ser instigada por la presión por parte del Gobierno estadounidense. Al consultársele por este vínculo, Vizcarra informó que un mes atrás el Gobierno de Sinaloa llegó a un acuerdo con el director de la Administración para el Control de Drogas de EEUU, (DEA por sus siglas en Inglés), Uttam Dhillon.

“El 16 de setiembre, después del desfile militar por la Independencia de México, las autoridades de Sinaloa se reunieron aquí con el director de la DEA, que llegó por primera vez a Culiacán”, señaló el periodista, quien informó de esto en el periódico independiente Río Doce.

“Le presentaron números, pidieron dinero y capacitación, pero nunca dijeron que dieron a cambio. Lo que sí trascendió es que todo esto iba a hacerse por medio de la Iniciativa Mérida del combate al narcotráfico”, agregó Vizcarra, quien confirmó el dato en entrevista con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

La Iniciativa Mérida se puso en marcha desde el año 2006, por medio de la cual el Gobierno de EEUU ha venido transfiriendo dinero a México para financiar la guerra contra las drogas a partir de múltiples rubros, que incluye también el trabajo de la USAID, la agencia norteamericana para el desarrollo internacional, acusada en varias ocaciones de colaborar con la CIA y cuyos dirigentes en un momento reconoció su apoyo a fuerzas políticas opositoras a Gobiernos de América Latina.

“Es un dato de referencia, no quiere decir que haya algún vínculo, pero hoy debemos cuestionarnos qué fue lo que se acordó entonces”, concluyó el periodista sinaloense.

Con información de la Agencia Sputnik. 

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