Candidatos a elecciones 2019: blanco de asesinatos y amenazas

28 de agosto del 2019

Son más de 140 las víctimas.

Candidatos a elecciones 2019: blanco de asesinatos y amenazas

Los aspirantes a concejos, alcaldías, gobernaciones y demás cargos de elección popular, de todos los partidos políticos y territorios del país, están siendo víctimas de asesinatos, amenazas e intimidaciones a su vida e integridad.

En el mes de agosto se han registrado varios de estos casos.

Las autoridades, organizaciones sociales y políticas encendieron las alarmas; vaticinan que los crímenes pueden aumentar durante las elecciones regionales y locales que se realizarán el 27 de octubre de este año.

Una de las últimas víctimas fue Luis Caldera Villamizar. Su cuerpo sin vida fue hallado con las manos atadas el pasado domingo 18 de agosto a orillas del río Cauca, en el municipio de Achí, al sur del departamento de Bolívar.

Tres días antes, había sido reportado como desaparecido. Según sus familiares, no tenían conocimiento de amenazas en su contra.

El hombre de 45 años, avalado por el partido de la U, aspiraba al Concejo de San Jacinto, Cauca.

Nelson Enrique Gaviria, candidato al Concejo de Betania, Antioquia, también fue asesinado. En horas de la tarde del pasado lunes 12 de agosto fue interceptado por sicarios que le propinaron varios disparos mientras se movilizaba en un taxi.

En el hecho también resultó herido un menor de edad.

Las autoridades siguen tras la pista de los autores de este crimen. Gaviria aspiraba al cargo por el partido Cambio Radical.

El pasado lunes 5 de agosto fue encontrado muerto Silvio Alonso Álvarez, candidato al Concejo de Versalles, Valle del Cauca, por el partido Centro Democrático.

De acuerdo a las autoridades, el cadáver del hombre de 38 años tenía un impacto de bala. Ofrecieron hasta 20 millones de pesos a quien entregara información sobre el crimen.

Son más de 140 las víctimas

Estos tres casos dan cuenta de la grave situación de seguridad que enfrentan los candidatos a estos comicios.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 10 de agosto de 2019, fecha del calendario electoral, se han registrado 90 hechos de violencia que han dejado como saldo 143 víctimas. 

Son cinco los departamentos en donde se han reportado más casos: Valle del Cauca (20), Guajira (20), Tolima (13), Antioquia (12) y Bogotá (12).

Daniela Gómez, coordinadora de la línea de Democracia de Pares, le dijo a KienyKe.com que cada vez que se acerca más la fecha de las elecciones, se incrementa el número de crímenes contra los aspirantes.

“Se ha tenido un aumento entre el 20 y 30% en estos últimos meses. Las cifras son dramáticas. La violencia se está volviendo cada día más letal”, manifestó.

Indicó que, si no se acciona de inmediato un plan efectivo, la cifra aumentará y habrá más víctimas. Comentó que desde Pares se ha identificado que la violencia se ha concentrado, sobretodo, en partidos de oposición.

A pesar de esto, aclaró que integrantes de las colectividades afines al gobierno también han sido víctimas de asesinatos, amenazas e intimidaciones. 

“Son muchas más las víctimas de los partidos de oposición, pero también es un hecho grave que miembros de partidos aliados al gobierno de Iván Duque estén siendo asesinados”, señaló.

Agregó que en el 90% de los casos los autores de estos crímenes son desconocidos; en el otro porcentaje son integrantes de grupos como las Águilas Negras.

“No hay mucho esclarecimiento de estos casos. Tampoco hay avances en las investigaciones”, afirmó.

Acciones a tomar

Para Gómez, lo primero que hay que hacer es crear una política de protección a los líderes políticos que denuncian actos de corrupción en los territorios.

“Aquellos candidatos que han hecho veeduría, que han sido líderes en sus comunidades y luego saltaron a la política, han dicho que quienes los amenazan son los mismos a los que ellos han denunciado”, mencionó.

Agregó que es necesario que los dirigentes de partidos políticos “hagan un filtro más riguroso a quienes les dan el aval”, con el fin de que aquellas personas vinculadas a grupos armados “no los utilicen para hacer competencia política”.

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