Cárcel a funcionarios de Rama Judicial por presunta corrupción

27 de marzo del 2019

Por supuestas irregularidades de parqueaderos de vehículos embargados.

Cárcel a funcionarios de Rama Judicial por presunta corrupción

@FiscaliaCol

Por presuntos actos irregulares en el manejo de parqueaderos que servían como bodegas judiciales, este miércoles 27 de marzo un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del director ejecutivo seccional del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá y Cundinamarca, Carlos Enrique Másmela González, y de otras cuatro personas más.

La Fiscalía General explicó que la Rama Judicial expidió el Acuerdo 2586 del 2004, por medio del cual delegó a las Direcciones Ejecutivas de la administración judicial “la facultad de organizar cada año una convocatoria pública para que los propietarios de parqueaderos se postularan para custodiar vehículos inmovilizados por orden judicial”.

Sin embargo, señaló que en el desarrollo de la investigación, se estableció que para los años 2014 – 2018, esa dirección, al parecer, emitió “resoluciones que contrariaban la normafavoreciendo a sociedades que no acreditaban los requisitos exigidos”. 

El ente investigador señaló que los hechos que se investigan de este escándalo de corrupción corresponden a una presunta existencia de acuerdos entre funcionarios y particulares de la Rama Judicial, con el propósito de proferir resoluciones a pesar del incumplimiento de los requisitos legales, “las cuales designaban registros de parqueaderos que servían como bodegas judiciales, exigiendo a cambio sumas de dinero”. 

Másmela González fue capturado el pasado miércoles 20 de marzo junto a Fredi Antonio Tequia, quien desempeñaba labores en la Coordinación Jurídica de la Dirección Ejecutiva Seccional; Pedro Julio Gómez, director de la Unidad de Asistencia Legal y Salomón Motta Polanía, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Los dos últimos, según el ente investigador, habrían intervenido en la proyección y revisión de actos administrativos que en segunda instancia “ratificaban las resoluciones proferidas de manera irregular por la Dirección Seccional”.

Los cinco funcionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, asesoramiento ilegal y concusión. Ninguno de ellos aceptó los cargos.

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