Los 29 años de incertidumbre de la familia de una guerrillera del M-19

Los 29 años de incertidumbre de la familia de una guerrillera del M-19

14 de diciembre del 2014

Por: @MauricioCP88

El pasado miércoles la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le notificó al Gobierno colombiano una condena en su contra por los hechos ocurridos en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.

Según el fallo, dictado el 14 de noviembre, el Estado de Colombia es responsable por ciertas violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la llamada toma y retoma del palacio. La CIDH culpó al gobierno por desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violación de deberes y derechos, detenciones ilegales, torturas, falta de esclarecimiento judicial y falta de prevención frente al riesgo.

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La toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó como saldó un número aún no determinado de muertos; en esos días a la sede de Medicina Legal llegaron 94 cadáveres. Informes indican que ese número puede ser mayor. El total de desaparecidos también es una cifra incierta. La CIDH indica que entidades estatales elaboraron listas que van desde las 159 hasta las 325 personas que salieron con vida de la sede judicial. Nunca se supo el paradero de muchos de ellos.

La CIDH condenó a Colombia por el caso de 16 víctimas que se recogieron en una sola demanda: once desaparecidos, un magistrado auxiliar que fue ejecutado, al parecer, por miembros de la fuerza pública y cuatro personas que indistintamente fueron capturadas y torturadas.

Los hechos ocurridos ese noviembre de 1985 cambiaron la vida del país y de cientos de familias. Una de las tantas historias siniestras que se desprenden de esa tragedia es la de Mónica Molina Beltrán, una joven guerrillera del M-19 que participó en la toma al Palacio de Justicia y que desde ese momento desapareció como tantas otras personas.

En 1998, 13 años después del holocausto, dentro de la investigación por los desaparecidos del palacio y gracias al trabajo del abogado José Eduardo Umaña Mendoza, apoderado de algunos familiares de víctimas, fue hallada, en el Cementerio del Sur, una fosa común con más de 90 restos óseos. Familiares de la guerrillera contactaron a Umaña para que les ayudara.

En abril de 1998, Umaña Mendoza fue asesinado dentro de su oficina por sicarios de la banda La Terraza al mando del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño. El crimen del jurista, al parecer, se perpetró por ahondar en la investigación de los desaparecidos durante la retoma militar al edificio judicial. A la oficina del abogado llegaron tres personas haciéndose pasar por periodistas y luego de amordazar a su secretaria lo asesinaron a balazos. Al parecer instituciones del Estado tienen mucho que ver en el homicidio del abogado. Su muerte está siendo investigada por la misma corte que condenó al país. Umaña Mendoza, defensor de los derechos humanos, denunció y estaba investigando, entre otros casos, el exterminio de la Unión Patriótica y las desapariciones del Palacio de Justicia.

El pasado 13 de septiembre de 2014, 29 años después de los hechos, la Fiscalía General de la Nación anunció, ante medios de comunicación, que de la cantidad de huesos y ceniza que se hallaron en la fosa del cementerio, fueron identificados dos cuerpos: el de Mónica Molina y Cármen Cristina Reyes Garzón, otra militante del M-19 que al parecer también participó en el operativo guerrillero.

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El 6 de noviembre de 1985, en una mañana calurosa, a las 11:40, varios comandos del grupo guerrillero M-19 ingresaron al edificio judicial con armas y explosivos; el objetivo era tomarse la entidad. Las Fuerzas Militares intentaron, por orden directa del presidente de la República de la época, Belisario Betancur Cuartas, contrarrestar la acción guerrillera. Los hechos concluyeron 28 horas después de iniciado el enfrentamiento.

Según la CIDH, los organismos de seguridad del Estado y las Fuerzas Militares tenían conocimiento de la posible toma del palacio, así como la posible fecha en la que se presentaría y el objetivo principal del grupo alzado en armas.

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La CIDH condenó al Estado colombiano por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó la sede judicial y la fuerza pública, a sangre y fuego, intentó recuperar el control del edificio.

El M-19 tomó varios rehenes entre civiles y funcionarios públicos. Se presume que dentro de la institución había al rededor de 500 personas. A pocas horas de iniciada la retoma por parte de las fuerzas del Estado, y en medio de las balas, varios rehenes empezaron a salir del edificio.

Los sobrevivientes que salían por la puerta principal del palacio lo hacían escoltados por militares y policías que los conducían a la Casa Museo 20 de Julio o también llamada Casa del Florero, ubicada a unos cuantos metros del lugar que el ejército, a sangre y fuego, pretendía retomar.

Varios rehenes, tras una inspección y verificación rápida de identidades, quedaron libres. Otros, de los cuales algunos fueron reconocidos en varios videos de noticieros que cubrieron el hecho saliendo del palacio en poder de las fuerzas del Estado, aparecieron asesinados o no se volvió a saber de ellos.

Durante los dos días en que duraron los enfrentamientos el palacio se incendió en tres oportunidades, el último incendio destruyó gran parte del edificio que estaba ubicado al costado norte de la Plaza de Bolívar, frente al congreso y a una cuadra del Palacio de Nariño, la casa presidencial.

Mientras que 11 familias denunciaron la desaparición de sus allegados, entre ellas los de Irma Franco, una combatiente del M-19, otras tantas se abstuvieron de hacerlo por temor a la represión estatal o por desconocimiento de los procedimientos.

Los familiares de Mónica Molina siempre tuvieron la ilusión de que ella estuviera con vida, escondida en algún lugar del mundo o con miedo a volver a retomar su vida, pero viva.

Los Molina intentaron averiguar qué había pasado con Mónica, pero no era fácil y menos para la época, investigar o conocer detalles de lo ocurrido; además el abogado en quien confiaron para obtener respuestas, José Eduardo Umaña, fue asesinado un mes después de haberlo contactado. Dejaron las cosas así y esperaron a que el tiempo les ayudara un poco, pero todo, siempre fue incertidumbre.

Según María Fernanda Molina, hermana de la guerrillera Mónica, hay otros 12 militantes del M-19, que al parecer entraron al Palacio de Justicia ese 6 de noviembre y están desaparecidos. Las familias de esa docena no hacen parte de los 11 desaparecidos por los que la CIDH condenó a Colombia y de los únicos, después de 29 años, que se ha hablado.

De ser así, la cifra de desaparecidos sería ya no de 11 sino de 24, incluyendo a Mónica Molina Beltrán, quien habría ingresado al Palacio de Justicia como militante activa del grupo guerrillero M-19.

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Mónica Molina Beltrán inició sus acercamientos con grupos socio-políticos de izquierda a los 12 años, cuando cursaba primero de bachillerato en el colegio Inem de Cali, donde hizo parte de movimientos estudiantiles. Años más tarde ingresó al M-19.

La remota esperanza de encontrar con vida a Mónica Molina se desvaneció cuando sus familiares escucharon al fiscal Eduardo Montealegre decir que tras pruebas de laboratorio que llevó adelante el Grupo de Genética del CTI, mediante análisis de ADN, se logró determinar que unos de los restos óseos encontrados en 1998 en la fosa común en el cementerio del Sur pertenecen a Mónica Molina Beltrán.

La declaración del fiscal trajo consigo sentimientos encontrados en la familia de la guerrillera: perdieron su ilusión de que Mónica estuviese aún con vida, tras 29 años de guardar esa semilla en el corazón, y por otra parte encontraron una luz, medianamente creíble, para por fin, después de casi tres décadas, acercarse a la verdad.

Pero la noticia que entregó al país el fiscal Montealegre “con bombos y platillos”, dice María Fernanda Molina, no es más que un “mero anuncio”. Aunque los familiares de Mónica creen que lo dicho por Montealegre puede tener un alto grado de veracidad, a ellos, hoy, después de tres meses en que se dio a conocer la presunta identificación de los restos óseos, no les han entregado ni un documento oficial que certifique mediante pruebas técnicas lo dicho por el director del ente judicial e investigativo. Obviamente tampoco han recibido los dichos restos.

Patricia Molina Beltrán, hoy concejal de la ciudad de Cali, y otra de las hermanas de Mónica, le contó a KienyKe.com que su hermana empezó su actividad sociopolítica desde muy joven. Mónica, a quien su padre, por ser la más morena de la familia y por su carácter fuerte, llamaba de cariño “Chorro de Humo”, tuvo sus primeros contactos con movimientos estudiantiles desde que estaba en primero de bachillerato, que cursaba en el colegio Inem de Cali, una institución educativa pública, en la cual, según María Fernanda, se expresaban grupos sociales juveniles con sentido crítico hacia el cauce político del país y de la ciudad.

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Mónica era miembro de una familia caleña, como la mayoría de las que hay en Colombia, de un estrato social medio. Los hermanos eran cinco mujeres y dos hombres. Patricia, la hoy concejal, es la mayor del grupo. Mónica nació en 1965, el suyo fue el cuarto nacimiento dentro del hogar Molina Betrán.

“Chorro de Humo”, como la llamaba su padre, hizo la mayoría de estudios en el Inem. En aquella época, en colegios y universidades hacían presencia diferentes movimientos políticos tanto legales como ilegales, todos con el fin de ganar adeptos entre los estudiantes. Mónica, a su corta edad, según lo contaron sus hermanas, poco a poco se fue interesando más por las problemáticas sociales y políticas de su entorno y del país.

Debido a su participación activa en los movimientos estudiantiles, cuando cursaba tercero de bachillerato, junto a otros 23 alumnos, Mónica fue expulsada del colegio por orden del rector del plantel educativo, quien según María Fernanda, estaba en en contra de las actividades de los jóvenes vinculados a los grupos de izquierda.

La joven Molina cambió de colegio para terminar su bachillerato. Al poco tiempo se vinculó al movimiento guerrillero M-19. Su familia, que siempre ha sido unida y donde reina la confianza, lo supo. Combinaba las clases de colegio con reuniones de izquierda y con el voleibol, el deporte que practicó durante su juventud, una pasión heredada de sus hermanas mayores, que hacían parte y entrenaban en la liga de la ciudad.

A comienzos de 1984 cuando Mónica tenía 19 años cumplidos, le informó a su familia que se iba para Bogotá. Les dijo que viajaba a la ciudad como militante activa del M-19. El miedo y la preocupación invadió a su madre y a sus hermanos; pero respetaron la decisión. La mujer trigueña, de cuerpo bonito y carácter recio, viajó con su novio, el guerrillero Fernando Rodríguez Sánchez, quien, al parecer, murió durante el fuego cruzado en la retoma al Palacio de Justicia, su cuerpo llegó a la sede de Medicina Legal un día después de culminados los hechos.

Para esa época el padre de Mónica estaba radicado en Bogotá. La joven guerrillera siempre mantuvo contacto con su familia. Para el mes de octubre de 1985, Mónica desocupó el apartamento que tenía arrendado con su novio y guardó en casa de su papá, en Bogotá, sus objetos personales y enseres. Cuenta María Fernanda, que días antes de la toma al palacio ella se comunicó por teléfono a Cali y les dijo que se iba para un viaje, en el que tal vez se iba a demorar. Aún, después de 29 años, la siguen esperando.

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Después de 29 años de ocurridos los hechos, la cifra tanto de desaparecidos como de muertos es incierta. La CIDH condenó al Estado por 11 desaparecidos, una muerte extrajudicial, cuatro detenciones ilegales, torturas y lentitud en el proceso investigativo para conocer la verdad y resarcir a las víctimas. Según María Fernanda Molina 12 combatientes del M-19, entre ellos su hermana, están desaparecidos.

Aunque los familiares de Mónica son consientes de que ella, al pertenecer a un grupo insurgente, vivía con la opción de morir a manos del Estado en medio del conflicto armado al cual había ingresado como protagonista directa, rechazan la omisión del Estado para dar a conocer la verdad de lo ocurrido e investigar los excesos de la fuerza pública, que según la CIDH, se presentaron durante el operativo de retoma, el cual, según la concejal Patricia Molina, es responsabilidad del presidente Belisario Betancur, quien cree ella, debería responder penalmente por los hechos ocurridos, entre ellos la desaparición de su hermana o su probable muerte.

Hace un año y medio la familia de Mónica empezó a buscarla por vías legales e institucionales. Instauraron una denuncia por desaparición ante la fiscalía. Con esa denuncia pretenden hacer ver que Mónica es una más, entre las muchas otras personas, que no aparecen después de la retoma al Palacio de Justicia.

Según María Fernanda, en una de las transmisiones que se hicieron en los medios de comunicación el día de los hechos, los familiares de Mónica reconocieron su voz en una llamada telefónica que se realizó desde afuera hacia el recinto judicial tomado por los guerrilleros y que fue retransmitida por la prensa. En la grabación, que ellos lograron obtener e hicieron llegar a la fiscalía junto a la denuncia, según la hermana de la guerrillera, se escucha que Mónica contesta el teléfono y se identifica como militante e indica que hay varios insurgentes con ella, luego comunica a Luis Otero, cerebro de la toma al palacio, llamada por los guerrilleros ‘operación Antonio Nariño, por los derechos del hombre’.

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Familiares de Mónica no descartan llevar su caso ante la CIDH. Tanto María Fernanda como Patricia coinciden en que el fallo de la CIDH contra el Estado colombiano ha sido la única manera para “acelerar” la investigación por los crímenes, torturas, desapariciones, y demás violaciones a los derechos humanos.

De resultar ciertas las declaraciones de fiscal general, según María Fernanda, quedarían muchas cosas por saber, por ejemplo en qué circunstancias de modo tiempo y lugar se habría producido la muerte de la guerrillera, que cumpliría 20 años diez días después de la toma al palacio.

Si alguien muere en combate, lo mínimo a que la familia tiene derecho es a recibir el cuerpo y hacer el duelo; por el contrario, si alguien salió con vida del enfrentamiento con la fuerza pública, lo que ellos tuvieron que hacer fue capturarlo y procesarlo bajo las leyes del Estado, indicó María Fernanda, mientras condena, basándose en el fallo de la CIDH contra Colombia, el accionar de las fuerzas del Estado para retomar el control del Palacio de Justicia.

María Fernanda, quien ha sido la voz de la familia durante el proceso que se ha llevado adelante para buscar las respuestas que requieren, indicó que la denuncia internacional ha sido la única forma para presionar al Estado, del que cree que ha ocultado con deliberación la verdad de los hechos y que instancias como la CIDH son las únicas que lo han obligado a asumir responsabilidades por el holocausto y todas sus trágicas consecuencias.