Exdirectivos a responder por sobrecostos en Reficar

7 de junio del 2018

Se estima que el daño fiscal asciende a 2.400 millones de dólares.

Exdirectivos a responder por sobrecostos en Reficar

Ecopetrol

Por sobrecostos y un daño fiscal que asciende a 2.400 millones de dólares, la Contraloría General de la República expidió un auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal contra varios exdirectivos de Reficar, durante los años 2011 a 2015.

Según detalló la Contraloría, son 20 los imputados, entre los que se encuentra funcionarios, miembros de la junta directiva y las cinco multinacionales (CBI Americas LTD., Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), UK Limited, CBI colombiana s.a., Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants), que participaron en el proyecto, el cual estaba inicialmente planeado por un valor de 3.777 millones de dólares y que terminó costando 8.326 millones, descontando financiamiento e interese, además la entidad pudo determinar que de los 4.500 millones de dólares adicionales, por lo menos 3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad en la ejecución del proyecto.

“Los imputados tienen derecho a rendir descargos en el término de diez días, después que se surta el grado de consulta por el despacho del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien deberá decidirlo”, indicó la Contraloría.

Conjuntamente a esta sobretasa, debido a la entrada tardía en operación de la refinaría, habría un lucro cesante de aproximadamente 1.936 millones de dólares.

El monto de este daño fiscal, según detalló el órgano de control, está relacionado con el pago de mayores costos por la mano de obra y los subcontratos, hecho que dificulta que puedan ser recuperados los dineros que se invirtieron, situación que afecta a la Nación, como accionista mayoritario.

Es entidad además ordenó investigar por separado más de 200 millones de dólares de deuda y capitalizaciones de Ecopetrol que no se destinaron a la financiación del proyecto.

La decisión de la Contraloría establece el mayor detrimento patrimonial de Colombia en toda su historia, pues el caso superaría en cuatro veces el fallo de Saludcoop de 2013.

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