Condenan a mujer por esclavitud y explotación laboral

21 de septiembre del 2018

Luego de la aprehensión que realizó la Fiscalía General de la Nación en contra de Claudia Maritza Castiblanco Parra, una mujer acusada de explotación laboral a una joven indígena, el juez 16 penal de Bogotá, la declaró culpable por el delito de trata de personas. Ahora, tendrá que pagar 12 años de prisión y una […]

Fiscalía

Luego de la aprehensión que realizó la Fiscalía General de la Nación en contra de Claudia Maritza Castiblanco Parra, una mujer acusada de explotación laboral a una joven indígena, el juez 16 penal de Bogotá, la declaró culpable por el delito de trata de personas. Ahora, tendrá que pagar 12 años de prisión y una multa de 800 salarios mínimos mensuales vigentes.

El ente investigador demostró que la victimaria captó, trasladó y sometió a diferentes actos de esclavitud a Erika Fausuri Vargas Castillo, una joven indígena de la comunidad Carapana de Vaupés. Esta mujer fue tratada como mercancía, “restringida de su libertad puesto que fue encerrada bajo llave todo el tiempo”, agregó.

Estos hechos tuvieron inicio en 2014 cuando Castiblanco contactó a una joven perteneciente a la comunidad indígena ubicada en el municipio de Mitú. Esta mujer le habría ofrecido a Vargas trabajar como empleada doméstica en su casa ubicada en la capital del país, Bogotá.

Sin embargo, los resultados de la investigación indicaron que las condiciones de trabajo en las que estaba la víctima no eran las que se habrían pactado desde un principio, además de vulnerarle sus derechos.

Por otro lado, también se determinó que la mujer indígena permaneció en la vivienda durante un mes y una semana, durante ese tiempo tuvo que atender diferentes laborales domésticas, aunque estas actividades sobrepasaron, en varias ocasiones, la jornada laboral permitida.

La joven no podía salir de la vivienda, por lo tanto era encerrada bajo llave cuando se quedaba sola, de igual manera la comunicación con su familia era restringida.

En un testimonio, la mujer manifestó que mientras realizaba las labores de aseo, rompió una pieza decorativa y por esto se le cobró la suma de cinco millones de pesos, desde entonces fue sometida a diferentes trabajos forzados durante 20 meses y sin pago.

La Fiscalía agregó que la mujer “nunca fue afiliada a una empresa de salud, nunca cotizó prestación social y no se le remuneró el tiempo de trabajo”.

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