Fiscalía precluye investigación contra Silvia Gette

Fiscalía precluye investigación contra Silvia Gette

23 de marzo del 2017

La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, y su hijastra María Paulina Ceballos lograron que se precluyera una investigación en su contra que realizaba la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Fernando Cepeda Vargas en 2003.

Cepeda fue asesinado en una céntrica avenida de Barranquilla por un sicario. Las sospechas cayeron inmediatamente sobre Gette, quien había adquirido el control de la Universidad luego de la muerte de su esposo Mario Ceballos, y quien se encontraba en una batalla legal con su hijastra María Paulina, casada con Cepeda.

Las acusaciones en contra de las dos mujeres se vieron enlodadas debido a que los testigos, miembros del frente “Héctor Julio Peinado” de las AUC, cometieron varias inconsistencias en sus testimonios, según reveló la Fiscal 10 especializada de Barranquilla.

Según la fiscal, los testimonios de cerca de 20 personas relacionadas con grupos paramilitares desmienten los descubrimientos hallados en el caso. Puntualmente, la Fiscalía encontró que no existe una “prueba reina” que permita vincular a Gette y Ceballos de forma contundente con este caso.

Específicamente, la preclusión contra Gette se basa en las contradicciones de alias Don Antonio y alias 28, que la señalaron como determinadora del crimen. La investigación contra Ceballos fue precluida después de que varios de los testigos dijeran que fueron sobornados para declarar en su contra.

A tal punto llegó esta situación que todos los testigos recibieron investigaciones adicionales, al considerarse que utilizaron sus testimonios para recibir beneficios penales. Así, estarían vinculados al “cartel de testigos falsos”.

Justamente, esta última investigación puso en alerta a Silvia Gette. La Fiscalía pidió que sea investigada por el delito de soborno, como consecuencia de la versión rendida por Sergio Barrios Alemán y Eliécer Remón Orozco. Los dos exparamilitares, parte del proceso de Justicia y Paz, la señalaron de pagar “ayudas voluntarias” a una investigadora de la Policía Judicial.