Grababan la tortura y muerte de sus víctimas en México

2 de noviembre del 2018

Tomaron fotos al cuerpo sin vida de su víctima.

México

Un grupo de cuatro personas, entre ellos un menor de edad que está prófugo de la justicia, hicieron parte de un crimen que impacta al estado de Coahuila, en el norte de México. Tres de los cuatro presuntos integrantes de una célula criminal, recibieron una orden de aprehensión tras secuestrar y asesinar a dos ciudadanos que fueron catalogados como vendedores de droga.

Según la información de las autoridades, este 1 de noviembre fue girada una orden de aprehensión a Francisca Aracely, Lucio Alvarado y Carlos Gerardo González Lucio, por estar involucrados en el asesinato de dos ciudadanos de la localidad que estaban relacionados con negocios ilícitos.

Además de este caso, estas dos personas están relacionadas con el delito de secuestro en agravio cometido a comienzos de octubre donde una mujer de 35 años fue trasladada en contra de su voluntad a una casa en la colonia Santos de Saucedo, de Ramos Arizpe, Coahuila.

Las autoridades locales plantean que en este último crimen participaron directamente al menos cuatro personas incluyendo un menor de edad que se está tratando de localizar para que se enfrente a la justicia mexicana.

González Lucio y el menor prófugo habrían torturado físicamente a la mujer reclamándole por una deuda y por la razón de haber cambiado de proveedor de sustancias estupefacientes. Por su parte, Francisca Aracely se encargó de grabar la tortura con su teléfono y después tomó fotografías al cuerpo muerto cuando le fracturaron los pies y los brazos para meterlo a una maleta.

A pesar de que las autoridades no han difundido las imágenes del crimen, se espera que el próximo 5 de noviembre este material sea presentado en la audiencia de vinculación como prueba del asesinato de la mujer que fue identificada como Perla, quien fue abandonada muerta en el bulevar Jorge Masso Masso, ubicado en la colonia Blanca Estela.

En la primera audiencia que se realizó este jueves 1 de noviembre los ciudadanos implicados decidieron no detallar el crimen y pidieron, por instrucciones de su abogado defensor, un plazo de 144 horas para poder ofrecer pruebas en su defensa.

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